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Fueron señalados de delitos como conspiración y traición a la patria
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, bajo control oficialista, aprobó el lunes el enjuiciamiento de cuatro diputados opositores señalados por la Fiscalía General de los delitos de conspiración y traición a la patria.
La decisión fue tomada por unanimidad tras el pedido del máximo tribunal venezolano sobre los cuatro parlamentarios, entre ellos Jorge Millán, una de las principales figuras del partido opositor Primero Justicia.
Los partidos han negado cualquier delito de parte de Millán, Luis Stefanelli, Hernán Alemán y Carlos Lozano, a quienes se les imputan cargos como traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil e instigación pública a la desobediencia de las leyes, entre otros.
Los legisladores han sido señalados por la Fiscalía en casos como un llamado hecho por el líder opositor, Juan Guaidó, junto a parlamentarios y un pequeño grupo de militares el 30 de abril, de desconocer al presidente Nicolás Maduro.
Guaidó, quien invocando artículos de la Constitución se autoproclamó presidente interino a comienzos de este año, ha dicho que las acciones de la Fiscalía y el máximo tribunal buscan intimidar a la Asamblea Nacional, bajo control opositor.
"La dictadura quiere eliminar por la vía de los hechos al Parlamento", dijo Guaidó, también jefe de la Asamblea Nacional y quien agregó que al menos 30 diputados opositores, de 167 con los que cuenta el Congreso, están fuera del país, en la clandestinidad o investigados.
La oposición también ha denunciado que estas acciones de los tribunales buscan restar votos para la elección de la directiva de la AN, que se escoge al inicio de cada año. Guaidó aspira ser reelegido como presidente del Parlamento.
Moscú, que ha advertido contra este tipo de acciones, intensificó su amenaza de una respuesta nuclear a los ataques convencionales.
Kiev ha estado presionando a sus socios occidentales para obtener permiso para utilizar estas armas para atacar objetivos en Rusia
Estos nuevos compromisos pretenden garantizar la inclusión financiera, reforzar el crédito a las Pyme y mejorar la competitividad