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En la región, Brasil es el mayor mercado para el cannabis, mientras que Colombia es el país que más inversión atrae.
A pesar de que la legalización del cannabis medicinal está avanzada en la región, todavía hay muchas trabas que impiden su producción y comercialización. Así lo reveló el estudio realizado por Alfredo Pascual y publicado por el Marijuana Business Daily International, titulado ‘Cannabis en América Latina: regulaciones y oportunidades’.
El estudio revisa el estado del marco legal del cannabis en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Del informe destacan dos aspectos: que Brasil, donde aún no cuentan con una ley específica para el cannabis, es el mayor mercado de esta planta en la región; y que Colombia es el país que mayor inversión ha atraído en la América Latina para la producción de cannabis.
Por ahora Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay ya tienen regulada la ley para el cannabis medicinal, mientras que Perú tiene implementada una ley, pero no hay acceso a ningún producto.
El primero en legalizar el cannabis en todas sus formas (industrial, médica y recreativa) fue Uruguay a finales de 2013. Hasta agosto de 2019, solo cuatro compañías tenían licencia para cultivar cannabis con alto contenido de THC (tetrahidrocannabinol) y más de 20 empresas tenían licencia para cultivar cáñamo, como le llaman a la variedad de cannabis que no es psicoactivo. En Uruguay ya hay 36.956 clientes para este mercado, 7.224 cultivadores caseros y 3.900 personas son miembros de 125 clubes de cannabis donde se permite el cultivo colectivo.
“En el caso de Chile, hay acceso al cannabis medicinal; en Brasil, a falta de una regulación, ya es el mayor mercado de la región, y Colombia es el más atractivo en Latinoamérica para invertir”.
“Colombia es uno de los países más avanzados en el tema de la legislación, una buena apuesta del Gobierno. Somos uno de los referentes en este mercado a nivel mundial”.
Chile se convirtió en el primer país de la región que autorizó el cultivo de cannabis a gran escala y con alto contenido de THC. Sin embargo, la gran mayoría de chilenos acceden al cannabis a través de los cultivos domésticos o colectivos. De acuerdo con Pascual, solo las siguientes empresas han logrado obtener una licencia de cultivo: Dayacann, Alef Biotechnology y Agrofuturo. El Cannabiol es el único producto no registrado disponible para ventas comerciales en el mercado chileno. En un plazo no mayor a un año, 2.500 pacientes pueden acceder este producto.
“De todos los países latinoamericanos, Colombia ha atraído la mayor atención y los compromisos de inversión extranjera para la producción de cannabis”, señaló Pascual.
El analista explicó de este modo las condiciones que tiene el país en materia de producción de estos cultivos y “la ventaja de ser el primer jugador”. Colombia “fue uno de los primeros países latinoamericanos en legalizar la producción de cannabis medicinal, con regulaciones que promueven la creación de una industria de valor agregado para los mercados nacionales y de exportación”, explicó.
Según cifras de Fedesarrollo, más de 4.000 licencias para pequeños y medianos productores han sido solicitadas. Han otorgado, hasta el momento 247 licencias para cultivar la planta, 199 registros en el ICA y 120 licencias para la fabricación de derivados de cannabis.
Todavía está pendiente la legislación de la planta en Brasil, sin embargo, es el mayor mercado de cannabis de América Latina en términos de cantidad de pacientes y productos que se venden legalmente. Las ventas son hechas a través de autorizaciones especiales “otorgadas por la agencia reguladora federal para pacientes individuales, caso por caso, para importar productos para uso médico personal”. Desde que inició este programa, ya cuentan con más de 10.000 autorizaciones.
Argentina legalizó el cannabis medicinal en marzo de 2017, México lo legalizó en junio de ese año y Paraguay lo reguló con un decreto en 2018, pero en ninguno de los países han sido implementadas las leyes.
Según Fernando González, experto en cannabis, la regulación de la planta ha tardado porque “hay un interés global que busca retrasar los procesos, en especial las empresas de opioides”.
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