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Las protecciones existentes a nivel constitucional y de tratados internaciones son los temas que analizan ante elecciones presidenciales
No es un misterio que los empresarios peruanos o asentados en Perú están en ascuas esperando una pronta resolución de la reciente elección presidencial que lleva ya casi 10 días desde la votación sin un pronunciamiento definitivo y con un mayor nerviosismo provocado por acusaciones de intervención electoral por parte de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
A ello se suma, la agitada situación social y política que enfrentará la nación en los siguientes meses y años.
En medio de esta expectación las empresas en el vecino país han acudido a sus consejeros legales para analizar escenarios y particularmente, el marco jurídico que pueda proteger sus inversiones frente a un –casi inminente- triunfo del candidato de izquierda, Pedro Castillo. Ahí, la actual Constitución y los límites que plantea para llevar adelante reformas sustanciales en materia económica son el punto de partida de sus interrogantes.
“En general, existen muchas consultas referidas al marco constitucional, qué podría o no hacer jurídicamente un nuevo gobierno para modificar la Constitución vigente o si es posible, de acuerdo a las normas constitucionales, que se convoque a una Asamblea Constituyente”, ejemplifica Luis Carlos Rodrigo, managing partner del estudio peruano Rodrigo, Elías & Medrano.
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Las ventas del cuarto trimestre fiscal serán de aproximadamente US$37.500 millones, dijo la compañía, los analistas estimaban hasta US$41.000 millones
Esa transformación no ha ido según lo previsto, ya que anunció a principios de 2023 que recortaría 3.800 puestos de trabajo
