MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Los ecuatorianos deberán responder a 7 preguntas que plantean modificaciones a la Constitución.
Concluyó la jornada de votaciones que empezó hoy en Ecuador, a las 7:00 a.m. hora local, la votación de los cruciales referendo y consulta popular en los que estará en juego buena parte del futuro político del presidente, Lenín Moreno, y del expresidente Rafael Correa, antes socios políticos y hoy ásperos rivales y fervorosos promotores respectivos del Sí y del No.
Poco más de 13 millones de ecuatorianos tendrán la chance de participar de la consulta popular convocada por el gobierno, que consta de siete preguntas puntuales pero marcará también la profunda zanja trazada entre Correa, que encabeza una suerte de coalición por el No, y su sucesor y exaliado Moreno, que encolumnó detrás del Si a 36 organizaciones y partidos.
La jornada electoral arrancó en el país con una tradicional ceremonia inaugural celebrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, la capital, en la que intervino la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, entre otras destacadas autoridades políticas, militares, y embajadores extranjeros acreditados.
La segunda mandataria ecuatoriana destacó que su Gobierno "promueve la participación activa y efectiva de nuestro pueblo y es por ello que nuestro proyecto político convocará a las urnas a nuestra gente cuantas veces sea necesario" y dijo que la decisión del pueblo "será sabia siempre".
Por su parte, Nubia Villaís, presidenta del CNE, insistió en que "el poder radica en el pueblo y su voluntad es el fundamento de la autoridad. En democracia es el mandante quien resuelve su modelo de vida, su proyecto de país, lo que desea para sí y lo que desea para los otros".
La votación para los residentes en Ecuador es obligatoria, excepto para los menores entre 16 y 18, mayores de 65 y otros colectivos como militares y policías, mientras que para los que viven en el extranjero es voluntaria.
La ciudadanía ecuatoriana, incluidos 400.000 electores en el extranjero, tendrá que responder a siete cuestiones vinculadas con la corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales contra menores.
La consulta también indagará a la población sobre temas como la plusvalía y la protección del ambiente y minería, y busca declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad.
Con intereses bien distintos, sindicatos, partidos de izquierda y de derecha y hasta organizaciones empresariales respaldan la consulta, más bien porque suponen que un triunfo del Sí constituiría un golpe acaso irremontable para las eventuales aspiraciones futuras de Correa, que gobernó el país de enero del 2007 a mayo del 2017.
El otro golpe se lo puede dar al exmandatario que el Sí se imponga en la pregunta que busca limitar la chance de reelección a una sola vez, lo que lo dejaría afuera de una eventual nueva postulación, más allá de que varias veces el ex mandatario anunció que iba a radicarse en Bélgica, algo que cumplió solo a medias, porque volvió para liderar la campaña por el No.
Correa no solo llama a votar No sino que, más aún, considera a la consulta absolutamente inconstitucional y una ruptura del estado de derecho. Parte del precio que pagó en la campaña fueron las nuevas denuncias judiciales en su contra y hasta los ataques físicos que sufrió en algunas ciudades que visitó al frente del cuarteto de fuerzas que llamó a votar negativamente las 7 preguntas.
La relación entre Moreno y Correa marcó a pleno el proceso de la consulta: hubo entre mandatario y antecesor primero frialdad, después enojo, más tarde severos cuestionamientos cruzados y ahora simplemente una distancia abismal y acusaciones de traición hacia un lado y de corrupto hacia el otro.
Los suscriptores en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido pueden escuchar un audiolibro, pero no pueden conservarlo
La Cámara de Diputados del Congreso aprobó el texto general de una propuesta constitucional para suprimir los órganos de control
El cofundador recibió la orden de perder más de US$11.000 millones, la misma cantidad para todos los acusados