MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
El gobierno de Evo Morales demanda una salida soberana al pacífico
La disputa marítima entre Bolivia y Chile concluirá hoy con el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Luego de que el gobierno de Evo Morales interpusiera una demanda el pasado 24 de abril de 2013 para recuperar la salida al mar que perdieron hace más de un siglo tras la Guerra del Pacífico, se espera una decisión que defina un ganador definitivo o que abra la puerta a eventuales negociaciones bilaterales.
La raíz del problema surgió el 20 de octubre de 1904, cuando ambas naciones firmaron el ‘Tratado de Paz y Amistad”, donde Bolivia cedió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa a Chile, perdiendo lo que hoy es la región de Antofogasta, que casualmente es la salida principal al Pacífico.
En la actualidad, más de 80% de las exportaciones bolivianas de ultramar sale desde puertos chilenos, algo que el gobierno boliviano considera una falta de autonomía del sector privado del país para comerciar libremente. Tanto así que, en los últimos cinco años, el movimiento de carga de comercio boliviano por puertos chilenos aumentó 132%.
Además, según información de la Cancillería de Chile, más de 7.000 empresas bolivianas realizan su comercio exterior a través de los puertos chilenos. Además, gozan de ciertos beneficios, como almacenamiento gratuito en los puertos de Arica y Antofagasta hasta por un año para sus importaciones y hasta por 60 días para sus exportaciones.
Las tarifas de almacenamiento de cargas de retiro o embarque inmediato son sustancialmente más económicas para Bolivia que para Chile u otros países terceros. Mientras que el primero solo debe pagar US$1,04 por un periodo de cinco días, las mismas cargas en las demás naciones dan alrededor de US$111,15 por el mismo periodo de tiempo.
La Cancillería también agregó que las mercancías bolivianas en tránsito pueden permanecer en las zonas primarias de los puertos de Arica y Antofagasta por un año bajo la potestad aduanera de su país, plazo que puede extenderse por 90 días bajo autoridad chilena, dejando que permanezcan alrededor de 455 días en dichas zonas sin restricción.
Sin embargo, la intención final de Bolivia con estas negociaciones es obtener un “acceso soberano al mar”, y el juicio se basa en lo que considera una obligación para negociar dicho acceso al Océano Pacífico.
De acuerdo con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, Paulina Astroza, el probatorio inicial de Bolivia es que no existe ni tratado ni costumbre que obligue a Chile a negociar, por lo que debió recurrir a otras fuentes. “Es así como puso especial énfasis en la supuesta existencia de Actos Unilaterales de Chile, del cual habría nacido la obligación” para negociar, destacó.
Como contrarespuesta, el Gobierno de Chile sostuvo que los argumentos esgrimidos por Bolivia “no tienen fundamento jurídico”, por lo que no habría nacido obligación alguna para tratar una salida soberana al Pacífico con Bolivia y que, en caso de existir, “ésta se ha cumplido totalmente”.
En caso de que la Corte de La Haya determine que Chile tiene esa obligación incumplida, no es su competencia determinar el resultado de dichas negociaciones, pero sí llevaría a las partes interesadas a negociar para llegar a un acuerdo.
El asesor principal del Gobierno de Chile en las negociaciones del caso, Alberto Van Klaveren, aseguró que, si bien puede haber escenarios intermedios al final del proceso, “no se ajustan a las pretensiones de ambos países”.
El final del proceso, luego de que los alegatos de ambas partes hayan sido expuestos, conlleva a la redacción de la sentencia por parte de la Corte con posterior visto bueno de los jueces. “Los que votan en contra pueden fundamentar sus opiniones en votos disidentes y los jueces pueden emitir opiniones separadas para explicar más sus votos”, detalló Astroza.
La experta también mencionó que esta parte es importante porque la sentencia debe explicar cuál es el razonamiento de los jueces, y cómo valorizan las pruebas presentadas.
El comercio entre los dos países ha disminuido
Entre 2012 y 2017, las relaciones comerciales entre Chile y Bolivia se han visto deterioradas frente a la situación actual. El dato adquiere relevancia cuando se tiene en cuenta que la variación entre ese periodo de tiempo es de -6,9%, pasando de US$1.893 millones en 2012 a US$1.321 millones en 2017. Sin embargo, la Cancillería de Chile expuso que exime de todos los impuestos que puedan afectar a la carga procedente o con destino a Bolivia en libre tránsito por su territorio, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La jefa de presupuesto del presidente, Shalanda Young, alertó que agencias que ayudan a los afectados se están quedando sin fondos para atender la situación
Las modificaciones de la Carta Magna fueron aprobadas en septiembre gracias a la mayoría oficialistas en el legislativo