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En promedio, un exmandatario chileno recibe cerca de US$15.000 mensuales, lo que al año equivale a cerca de $692 millones, según el tipo de cambio actual
Como cualquier ciudadano más, los expresidentes también buscan y tienen derecho a pensionarse una vez cumplan ciertos requisitos. Dependiendo del país, algunos logran acceder a ella automáticamente solo por haber prestado ese servicio público.
Países de la región como Chile, Bolivia y Argentina le otorgan este beneficio a sus exmandatarios. En contraste, naciones como México, Brasil y Panamá no brindan este beneficio a sus mandatarios retirados.
El próximo 7 de agosto el ahora presidente Iván Duque pasará a engrosar la lista de expresidentes de la República. Con tan solo 45 años (teniendo en cuenta la edad de sus predecesores), el jefe de Estado gozará de los mismos beneficios que sus pares, como lo es la pensión vitalicia.
Sin embargo, el verbo en futuro no se debe a que aún no llega la fecha del final de su mandato, sino a que el presidente Duque aún no cumple con todos los requisitos para acceder a ella. Pues si bien ya cuenta con más de 20 años de servicio público, aún no llega a los 50 años.
Colombia, en comparación con sus pares de Latinoamérica, goza de la segunda pensión más alta para sus ex cabezas de Estado. En la región sólo la supera Chile, cuya remuneración alcanza los US$12.000 mensuales, lo que supera los $690 millones anuales.
En el país, este beneficio del cual ya gozan exmandatarios como Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, llega a US$9.600 mensuales, lo que viene siendo alrededor de $400 millones anuales.
En Perú, el beneficio existe desde 1995, sin embargo, por su último periodo de turbulencia en el ejecutivo, no todos los ‘ex’ la reciben actualmente.
“Se debe promulgar una ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con ella, se pondrá fin a las pensiones vitalicias exageradas y se ahorrará ese dinero”.
“Si bien la legislación comparada nos indica que en varios países existe esta figura, la realidad actual y futura de Argentina exige enviar un mensaje claro de austeridad”.
De hecho, según el Diario Gestión de ese país, sólo cuatro expresidentes -o en su defecto sus viudas e hijos menores de edad- reciben esta pensión otorgada por la Ley 26519. Este es el caso de Alan García, Valentín Paniagua, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
En el caso de esta nación, la pensión mensual para los exmandatarios alcanza los US$4.077, es decir, un poco más de $17.146.195 mensuales y casi $200 millones anuales. Además del ingreso, los políticos que fungieron como mandatarios también cuentan con personal asignado, vehículo personal y combustible.
Algo parecido se aplica en Brasil, en donde si bien los expresidentes no cuentan con un ingreso vitalicio después de ejercer el cargo, si lo hacen con otros beneficios. Entre estos están dos asesores, cuatro escoltas, dos conductores y, por ende, dos autos oficiales.
En México, hasta hace relativamente poco (2018), los ‘ex’ recibían cerca de US$10.250 mensuales, los cuales incluían bonos, aguinaldos, compensaciones, pago de servicios telefónicos, automovilísticos, domiciliarios, asesores y escoltas.
La suspensión de esta se debió a una de las propuestas de campaña del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Antes de llegar a la presidencia, el entonces candidato propuso un plan de austeridad del Estado no solo a costa de la venta del avión presidencial, sino también de una reducción en los sueldos de los funcionarios públicos y el fin de este tipo de pensiones vitalicias.
Un movimiento parecido se está presentando en Argentina, donde varios diputados han señalado que la situación actual del país no es apta para brindar este tipo de beneficios.
Según María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio, “no se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política”.
La representante del legislativo también agregó que resulta fundamental eliminar las desigualdades existentes “producto de la asignación de jubilaciones de privilegio destinadas a quienes ejercieron cargos políticos”. A partir de esto, dijo, se le debe exigir a la clase política “enviar un mensaje inequívoco de austeridad y compromiso social en la asignación de fondos públicos”.
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