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La sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès, Barcelona
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La firma canadiense, que trabaja en una propuesta a 11 euros por acción, ratifica su interés en tomar el control del fabricante de hemoderivados
Brookfield ha solicitado más tiempo al consejo de administración de Grifols para el estudio de la oferta pública de adquisición (OPA) que está preparando sobre la compañía en alianza con la familia fundadora, según fuentes del mercado.
Ante el compromiso de realizar a finales de septiembre una actualización sobre cómo va el proceso, el gigante de la inversión canadiense ha remitido una carta al fabricante de hemoderivados catalán en la que ratifica su interés en tomar una participación mayoritaria en la compañía y en la que pide también ampliar el plazo para completar las labores de due diligence.
La solicitud se produce en un momento en el que Brookfield está buscando 2.000 millones de euros (US$2.231 millones) de capital entre inversores institucionales para su OPA. Para ello, la gestora canadiense ha mantenido conversaciones con algunos de los principales fondos soberanos del planeta, entre ellos ADQ, de Abu Dabi, y GIC, de Singapur.
Estos 2.000 millones de euros (US$2.231 millones) en cuestión se destinarían a aliviar la carga financiera de su eventual oferta. El precio de la opa se espera a partir de los 10 euros (US$11,16) por acción, pero fuentes del mercado indican que la propuesta en la que trabaja Brookfield en la actualidad se sitúa en torno a los 11 euros para las acciones A.
Tomando como referencia este mismo precio para las acciones A y B de Grifols y teniendo en cuenta que la oferta se lanza en conjunto con la familia fundadora, que tiene intención de retener su 30% en el capital del fabricante de hemoderivados, Brookfield necesita algo más de 5.200 millones de euros (US$5.802 millones) de capital para liquidarla si acudiese el 100% del accionariado al que se dirige la oferta.
A esta cuantía se deben sumar los 10.000 millones de euros (US$11.158 millones) de deuda que se necesitan refinanciar en caso de cambio de control, lo que eleva el tamaño de la operación por encima de los 18.000 millones de euros (US$20.085 millones), la mayor del año en España.
Brookfield reconoció a comienzos de julio que había iniciado un proceso de negociaciones en exclusiva con la familia Grifols, dueña del 30% del capital, para estudiar una opa sobre el grupo de hemoderivados y que había solicitado acceso a la compañía a determinada información confidencial sobre su negocio de cara a realizar un análisis exhaustivo (due diligence) del mismo, como es habitual en este tipo de procesos.
Grifols accedió a dar acceso a información sensible sobre su negocio a Brookfield el pasado 19 de julio, previa firma de un acuerdo de confidencialidad entre las partes.
Una vez que Grifols abrió sus libros, Brookfield ha trabajado durante todo el verano en la preceptiva due diligence de la operación, para la que ha destinado un equipo de entre 120 y 140 individuos entre empleados de la firma canadiense y sus asesores, entre los que destacan Lazard para labores financieras y Linklaters para las legales.
Estas personas tienen acceso al data room de la operación, un espacio virtual teóricamente seguro en el que se comparten determinados documentos clave para el devenir de la transacción. Ahora Brookfield quiere ampliar el plazo estipulado para dicho análisis, previsiblemente durante un mes adicional, aunque las fuentes consultadas no han concretado los tiempos exactos. Morgan Stanley, Goldman Sachs y Latham & Watkins, por su parte, están junto a Grifols.
Para abaratar el coste de la operación, la firma canadiense también está planteándose condicionar la opa a una modificación de los estatutos sociales del grupo. Los estatutos del fabricante de hemoderivados prevén que, en caso de opa de exclusión, las acciones de clase B, que históricamente han cotizado con un descuento muy significativo sobre las de clase A, reciban el mismo tratamiento económico que estas últimas, es decir, que se pague el mismo precio por ambas.
Para evitar el sobrecoste, Brookfield, por lo tanto, estudia supeditar la opa, si finalmente la presenta, a un cambio de los estatutos sociales, circunstancia prevista en el artículo 13 de la ley de opas. Cada euro de menos que se ofrezca por las acciones B implica un ahorro para el potencial comprador de 261 millones de euros.
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