Bruselas da a Rajoy hasta abril para explicar cómo cumplirá con el déficit

La Comisión Europea ha enviado hoy lo que en jerga comunitaria se conoce como una "recomendación fiscal autónoma", que se remite a aquellos Gobiernos que, estando en el programa de corrección de déficits excesivos, corren riesgo de desviarse de los objetivos. Según las estimaciones de Bruselas, el déficit español de 2016 se situará en el 3,6%, frente al 2,8% al que se comprometió el Gobierno. Esto supone un agujero fiscal de US$9.476 millones.

"España debe informar a la Comisión sobre las medidas tomadas en respuesta a la presente Recomendación en la actualización de su proyecto de plan presupuestario para 2016 o, a más tardar, en una sección específica de su próximo programa de estabilidad de 2016", afirma el Ejecutivo comunitario en su misiva. Según la normativa de coordinación fiscal de la UE, el semestre europeo, esos planes deben enviarse antes de que concluya el mes de abril.

La presión de Bruselas se centra sobre todo en las cuentas regionales: "A tal efecto, España debe adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, en particular utilizando plenamente, según proceda, los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española para controlar las desviaciones, a nivel de las administraciones locales y autonómicas, de los objetivos respectivos de déficit, deuda y regla de gasto", expone la recomendación enviada por la Comisión.

Esta carta llega cinco meses después de que la Comisión Europea respondiera escépticamente al plan presupuestario de 2016 enviado por el Gobierno. Entonces pidió un presupuesto actualizado "tan pronto como fuera posible", reconociendo públicamente que eso debería ocurrir una vez que el nuevo Gobierno tomase posesión.

Sin embargo, el resultado electoral del 20 de diciembre ha impedido todavía la formación de un nuevo Ejecutivo en España y si no hay acuerdo de gobernabilidad antes del 2 de mayo, se convocarán elecciones generales el próximo 26 de junio.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

El Gobierno puede hacer dos cosas: hacer caso de la recomendación de Bruselas y empezar a lanzar procesos correctivos a las Comunidades Autónomas fiscalmente díscolas o ignorar la recomendación de la Comisión.

Según el razonamiento de la Comisión Europea, un Gobierno en funciones no puede adoptar nuevas propuestas legislativas para reducir el déficit público, y menos sin tener una mayoría parlamentaria que lo respalde. En cambio, el Ejecutivo comunitario cree que un Gobierno en funciones sí está legitimado para activar medidas administrativas contempladas en la legislación vigente. Y ahí es donde entran las medidas preventivas y coercitivas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que deberían servir, como su nombre indica, para prevenir o corregir los déficits públicos de las regiones.

Aunque el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, dejó ayer la puerta abierta a que el Gobierno use las herramientas que considere necesarias, la primera opción, a tres meses de unos eventuales comicios generales, parece política y electoralmente complicada.

Además, desde un punto de vista argumentativo, el Gobierno puede seguir agarrándose a su cuadro macroeconómico. Según, el Ejecutivo español, si España crece en torno al 3% este año, el déficit puede bajar del 3% del PIB. Al Gobierno le bastaría con decir en abril que sus tesis de finales de año no han cambiado y que no consideran necesario adoptar más medidas para cumplir con el déficit público.

Sin embargo, desoír a Bruselas podría no salir gratis al Gobierno, ni a este ni al futuro. Ignorar una recomendación fiscal autónoma de la Comisión Europea supone un agravante a la hora de que el Ejecutivo comunitario decida iniciar la vía sancionadora contra países que incumplen injustificadamente los objetivos de déficit público. Esas multas pueden alcanzar el 0,2% del PIB. En el caso de España, unos US$2.424 millones.