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Camiones retiraron sus vehículos mientras el Gobierno federal y gobiernos locales trabajaban en una nueva propuesta
Dueños de camiones retiraron sus vehículos de algunas carreteras importantes en Brasil durante la noche y el domingo por la mañana mientras el Gobierno federal y gobiernos locales trabajaban en una nueva propuesta para poner fin a una protesta nacional que ha provocado una gran interrupción en el transporte de granos y combustible.
El presidente Michel Temer se reunió con ministros del Gobierno y con algunos funcionarios estatales temprano el domingo en Brasilia para discutir propuestas para resolver la huelga de camiones.
Las propuestas incluyen un descuento del 10 por ciento en los precios del diésel por al menos 60 días. El Gobierno federal compensaría a la petrolera estatal Petrobras por cualquier pérdida ocasionada por la reducción de precios.
Los dueños de camiones también quieren que los operadores de peaje no carguen los ejes traseros que no están en uso, como cuando los camiones pasan por los peajes descargados.
Algunos grupos de camioneros insinuaron que aceptaron esos términos a última hora del sábado en una reunión con el gobierno local en São Paulo, sede de algunas de las mayores protestas.
Como un gesto de buena voluntad, los camiones comenzaron a abandonar los bloqueos en la carretera federal Regis Bittencourt, el principal corredor que une las regiones del sureste y el sur de Brasil.
Los medios locales informaron el domingo por la mañana que el combustible estaba empezando a llegar a las estaciones de servicio en algunas de las principales ciudades del país.
Pero todavía había varios bloqueos en las carreteras principales de la nación, que dañaban el flujo de suministros básicos y obstaculizaban servicios básicos, como la recolección de basura.
Los trabajadores petroleros, que dicen que apoyan las protestas y se oponen a la política de precios de Petrobras que sigue de cerca el mercado petrolero internacional, anunciaron una huelga en refinerías para el miércoles.
La propuesta busca que la petrolera estatal pueda someterse al régimen preventivo, donde no está habilitada la opción de la liquidación
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