Captar la inversión extranjera, una odisea administrativa para las 'fintech' en España

Su contribución a la transformación e innovación del sector en todo el mundo es innegable. También en España se ha ido consolidando un ecosistema fintech emergente y en constante evolución. Y como es habitual en las empresas que tienen un fuerte componente tecnológico, su crecimiento depende en gran medida de la inversión que logren captar.

A nivel global, es evidente que el contexto no es el más favorable para las fintech. Debido a la incertidumbre económica y la situación geopolítica en Europa, este sector enfrenta crecientes dificultades para financiar su crecimiento. De acuerdo con datos de Statista, el volumen de inversión en 2022 a nivel global retrocedió 31% respecto a 2021, hasta los US$164.000 millones. Las grandes firmas de este segmento han experimentado, además, importantes caídas en su valoración de mercado, como, por ejemplo, Klarna, Stripe o Checkout.

En el caso concreto de España, la incertidumbre económica, política y jurídica supone un freno adicional para muchos inversores institucionales, que se muestran reticentes a invertir en compañías de tecnología financiera de nuestro territorio. Debido a la naturaleza innovadora y disruptiva de sus productos y servicios, el sector fintech es percibido como uno de alto riesgo por parte de muchos inversores institucionales.

Estos están destinando sus recursos a sectores más consolidados como el de las energías renovables y el inmobiliario, que son compañías más conservadoras y consolidadas. En España las fintech quedan, así, en desventaja para obtener financiamiento externo. A la falta de casos de éxito, hay que sumar la incertidumbre regulatoria, que contribuye, de manera adicional, a la reticencia de los inversores.

Es un hecho que el marco regulatorio en España no es nada favorable para las fintech a la hora de cerrar un acuerdo de financiación con un inversor extranjero ya que la normativa nacional, atendiendo a su propio redactado y según la naturaleza de la operación, puede llegar a requerir una autorización previa. La obtención de la misma, generalmente, es un proceso largo y complejo, que implica múltiples trámites burocráticos y requerimientos legales, y que necesita recibir previamente un informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores y luz verde del Consejo de Ministros.

De manera adicional, las regulaciones cambiantes en nuestro país y la falta de armonización con otros Estados de la Unión Europea (UE) suponen una traba adicional a la entrada de inversores extranjeros en el mercado español. En este sentido, se hace necesario el establecimiento de un marco legislativo común a nivel comunitario para asegurar que la innovación financiera continúe apoyando la innovación digital en la Unión Europea.

Es evidente que la innovación está influyendo de manera muy significativa en el funcionamiento de los mercados de capitales. Por eso, será clave el rumbo regulatorio que tome la UE para reforzar su liderazgo digital y crear un mercado único atractivo, en el que los servicios financieros innovadores estén correctamente identificados y la regulación establezca un marco competitivo que regule y a la vez facilite su desarrollo en el seno comunitario.

Un contexto regulatorio bien definido, ofrecerá a los inversores mayores garantías jurídicas y probablemente contribuya a incentivar la inversión en el sector fintech. Es, por tanto, imperativo que las autoridades españolas y europeas y las empresas fintech trabajen conjuntamente para mejorar el entorno regulatorio, promover la estabilidad económica y generar confianza entre los inversores extranjeros, permitiendo así que este sector en España alcance su máximo potencial y prospere en el escenario global.