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Cinco días después de haber puesto un pie en el país por los rumores de la posible nacionalización de Repsol YPF, Antonio Brufau, CEO de Repsol, la principal accionista de la petrolera YPF, continúa en la Argentina a la espera de una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, que hasta ahora no se concreta.
La demora tiene lugar en medio de una avanzada del Gobierno y los líderes provinciales contra YPF, a la que responsabilizan, de manera tácita o expresa, según los casos, por el aumento en las importaciones de energía, que en 2011 crecieron un 110% de acuerdo con números oficiales.En medio de un llamativo hermetismo, el número uno de Repsol se ha reunido con el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el de Economía, Hernán Lorenzino.Sebastián Eskenazi, CEO de la petrolera local en representación del Grupo Petersen, que también pertenece a la familia, no participó durante el encuentro. El desgaste de la relación entre los Eskenazi y el Gobierno genera molestias en España debido a que Brufau justificó a la sociedad con el grupo local ante el hecho de ser expertos en los mercados regulados, algo que al final quedó en entredicho luego de las discusiones con el Gobierno.Mientras Brufau se reunía con los ministros, el vicepresidente Amado Boudou criticaba a la compañía. Aseguró que 'el problema no es si YPF es privada o no privada, sino si tiene sentido nacional, si su sistema de funcionamiento está pensado en la producción petrolífera o con lógica financiera de corto plazo'.El Gobierno acusa a YPF de no invertir lo suficiente en exploración para frenar una persistente caída de las reservas y de manipular precios del diesel. Ministros de Hidrocarburos de provincias petroleras argentinas dijeron que la Casa Rosada busca que YPF invierta más, en detrimento de su generosa política de dividendos que da a sus accionistas entre el 80 y el 90 por ciento de los beneficios, una las tasas más altas de la industria.Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ir más allá y quitarle concesiones a la empresa, tal como habilita la la Ley de Hidrocarburos cuando una petrolera no cumple los compromisos de inversión y productividad que acordó con el Estado, según especialistas del sector.
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