Chile firmará mañana el Acuerdo de Escazú, para elevar estándares ambientales

Ya es un hecho: mañana viernes el Presidente Gabriel Boric firmará el Acuerdo de Escazú de sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el primer tratado regional vinculante, el que busca elevar los estándares ambientales de la región.

Con este paso, el mandatario cumple una promesa de campaña y el país queda habilitado para participar en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, la que se realizará en la sede de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) en Santiago, el próximo 22 de abril.

De los 33 países de América Latina y El Caribe, 24 firmaron el acuerdo y 12 ya lo ratificaron. Estos últimos son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Los ocho países que aún no han suscrito Escazú son Chile, Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam y Venezuela.

El Acuerdo de Escazú, que fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Con este tratado se busca garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, señala su sitio web.

Chile y el tratado

El Acuerdo de Escazú, fue impulsado por la Cepal, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y el de Costa Rica, tras cuatro años de negociones. Sin embargo, en 2020, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera rehusó suscribirlo.

El canciller de ese entonces, Andrés Allamand, argumentó cuatro razones para no firmar el acuerdo, entre ellas, que introduce una serie de principios no definidos que condicionan la legislación ambiental chilena; que al ser un tratado vinculante autoejecutable, estaría por sobre la legislación chilena; y que expondría al país a controversias internacionales por la aplicación de sus normas.

Un dato no menor, se acaba de integrar al ministerio del Medio Ambiente, como Jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales, Constance Nelgache, una de las negociadoras chilenas del Acuerdo de Escazú en los inicios.