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Desde fines de febrero, más de 600 militares están desplegados en la zona para colaborar en el control migratorio
El presidente chileno Gabriel Boric dijo el miércoles que su gobierno fortalecerá el control fronterizo en el desértico norte del país en un esfuerzo por reducir el flujo de inmigrantes irregulares, semanas después de que cientos de militares se desplegaron en esa zona afectada por la crisis migratoria.
Desde la localidad altiplánica de Colchane, en la frontera con Bolivia, el mandatario aseguró que una prioridad de su gobierno será agilizar diálogos con La Paz y Caracas para que reciban a personas que sean expulsadas, una de las trabas que, según él, entorpece la deportación de quienes cometen delitos.
"Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada y que converse también con las necesidades del país", dijo a periodistas.
"Y revertir de esta manera la ausencia prologada del Estado en esta zona, con más recursos y mejores herramientas", añadió Boric, que reanudó el miércoles una gira por el norte del país, la zona más afectada por el explosivo aumento de la inmigración irregular en los últimos años.
El gobernante anunció mejoras del complejo fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá, con mayores comodidades para sus funcionarios, así como nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital "para duplicar la capacidad de detección a distancia y monitorear zonas actualmente no controladas".
Las mejoras se extenderán a otros seis puntos de observación en las regiones de Antofagasta, así como de Arica, en el extremo norte del país donde también hay límite fronterizo con Perú.
El líder izquierdista, que ha endurecido su discurso contra de la migración irregular en el año que lleva en el poder, dijo que las medidas también buscan combatir a grupos criminales de trata de personas, tráfico de drogas y armas.
Desde fines de febrero, más de 600 militares están desplegados en la zona para colaborar en el control migratorio, gracias a una ley de resguardo de infraestructura crítica aprobada recientemente.
Hace días, el jefe del servicio local de migraciones dijo que expulsar a un ciudadano extranjero podía tener un costo de más de US$3.000 ($2,7 millones de pesos chilenos), pero el mandatario dijo que no era sólo un problema de recursos.
"Es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. Los trámites administrativos para poder realizar procedimientos de expulsión son muy engorrosos", afirmó, al insistir en que su gobierno lanzará una actividad diplomática "intensa" con Bolivia y Venezuela para que reciban a los ciudadanos deportados.
Más temprano, en una entrevista con una radio local, Boric dijo que próximamente se reunirá "con diferentes presidentes amigos de América Latina, con AMLO, con Alberto Fernández, con Xiomara Castro, con Gustavo Petro, con Luis Arce, en donde uno de los temas que vamos a tratar es justamente éste".
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