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El tributo grava por separado y con distintas fórmulas dos fuentes de polución: las móviles como carros y fijas como plantas
La discusión sobre el inminente aumento de las tarifas eléctricas para clientes regulados, tanto personas como empresas de menor tamaño, ha estado centrada en mecanismos para solventar un incremento en el subsidio a las cuentas, que hasta el minuto está focalizado en el segmento más vulnerable de la población, en particular el 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH).
Esto último equivale 1,3 millones de domicilios en el que residen un total de tres millones de personas. Y en el debate hay varios mecanismos que se han puesto sobre la mesa para allegar recursos frescos para ampliar la subvención. Uno de los principales es el denominado “impuesto verde”.
El tributo grava por separado y con distintas fórmulas dos fuentes de polución: las móviles, como los carros comercializados de alta cilindrada, contaminantes o en base a diésel; y las fijas, como calderas y turbinas que sobrepasen un umbral de emisiones de dióxido de carbono al año.
Datos de la Tesorería General de la República (TGR) dan cuenta del potencial recaudador de este gravamen, ya que en los últimos cuatro años han ingresado a arcas fiscales más de US$1.000 millones a través de este tributo, de los cuales la mayoría provienen de fuentes fijas.
Desde 2020 a la fecha se han recolectado más de $900.000 millones chilenos por este impuesto, con $560.000 millones que provienen de los establecimientos contaminantes.
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La medida fue aprobada en el Senado, pero aún podría ser descartada del proyecto final de presupuestos, supondría un ingreso adicional de US$2.360 millones