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En el Congreso de ese país, parlamentarios de la bancada oficialista ven con malos ojos la llegada de extranjeros para luego llevarse a los bebés
La colombiana Laura Zúñiga dio a luz a dos niños que ahora crecen en el extranjero con otros padres que pagaron por “alquilar” su vientre, una práctica cada vez más frecuente en Colombia y que congresistas intentan regular.
“Hola, quisiera alquilar mi vientre, me pagan la mitad cuando la prueba [de embarazo] salga positiva, (y) la otra mitad cuando nazca”, dicen ofertas en grupos de Facebook como la que publicó Zúñiga en 2019.
Un estadounidense soltero vio el anuncio, le pagó US$ 15,000 y nueve meses después se convirtió en padre gracias al denominado embarazo subrogado. En 2022, Zúñiga, de 40 años, repitió la experiencia para un cliente suizo y recibió el mismo monto, en un país donde el salario mínimo ronda los US$ 250.
“Soy donante de órganos, de sangre. Y, pues, dije: ‘Yo no quiero tener más hijos para mí, pero sería bueno colaborar con alguien más para realizar el proceso’”, explicó auxiliar de enfermería.
Lejos de las prohibiciones en Europa y de las altas tarifas en algunos estados de Estados Unidos donde el procedimiento es legal,Colombia es un paraíso para el embarazo subrogado por los bajos costos y el vacío en la legislación. En dos estados de México está regulado, igual que en Cuba, Uruguay y Brasil.
En cambio, ninguna ley regula el procedimiento en Colombia, lo que atrae a solteros, parejas con problemas de fertilidad, homosexuales y quienes por razones estéticas o laborales no quieren someterse a los rigores de un embarazo.
En el Congreso, parlamentarios de la bancada oficialista ven con malos ojos la llegada de extranjeros para luego llevarse a los bebés.
“A muchas personas les genera temor que Colombia se pueda convertir en una fábrica de niños”, explicó el congresista de izquierda Alejandro Ocampo, quien diseñó un proyecto de ley que regularía los pagos e incluso exigiría que uno de los padres que alquilen el vientre sea colombiano. Deberá ser discutido en la legislatura que comenzó el 20 de julio.
El Ministerio de Salud trabaja en paralelo en otra propuesta legislativa. En Colombia no existen cifras oficiales de niños nacidos mediante esta práctica.
Según la ginecóloga Karin Franco, propietaria de una clínica especializada en Bogotá, en Colombia hay profesionales más avezados en este tipo de procedimientos respecto al resto de América Latina.
También nota un incremento en la demanda tras la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado, un país destino predilecto de europeos en busca de vientres subrogados.
Además, dice, el mercado colombiano ofrece mejores tarifas que las de Estados Unidos, donde el precio puede ascender por encima de US$100.000.
La escasez de dinero motiva a muchas colombianas a alquilar su vientre: “Normalmente, son mujeres de bajo estrato y entonces van a recibir unos 40 o 50 millones de pesos (unos US$ 10.000)”, señaló la especialista.
Alrededor de una docena de clínicas de la capital colombiana ofrecen servicios de reproducción asistida, desde la fecundación hasta el parto. En la mayoría de los casos, la mujer que pone su vientre en alquiler no es la progenitora biológica de los niños, es decir, no ha aportado los óvulos.
Muchos clientes usan embriones obtenidos mediante fecundación in vitro y otros acuden a “donantes (de óvulos) que pasan por un proceso de selección y pruebas físicas, infecciosas, genéticas y psicológicas. Para las madres de alquiler, el proceso es similar”, explicó Franco. Así, se garantiza una alta tasa de éxito en el embarazo, que ronda en torno a 60-70%.
Andreas Abele-Rassuly y su esposo— un matrimonio gay residente en Alemania y cansado de la “discriminación” en los centros locales de adopción— intentaron acceder a un embarazo subrogado en Albania, pero las trabas en la legislación de ese país europeo los espantaron.
Terminaron en la capital colombiana gracias a la intermediación de una empresa israelí. Ahora son padres de dos niños y consideran a las madres biológicas de los menores como “parte de la familia”.
Pero a esta práctica le llueven detractores. La abogada María Cristina Hurtado denuncia una vulneración de los derechos de “miles de mujeres, de niños y de niñas” que “terminan valiendo menos en la jerarquía de derechos” debido al “deseo de unos pocos”.
El congresista Alejandro Ocampo propone pasar a un modelo “altruista” en el que a la “madre de alquiler” solo se le reembolsan los gastos del embarazo. También plantea vetar esta técnica reproductiva si al menos uno de los futuros padres no es colombiano.
Nadia Afanador, abogada experta en contratos de este tipo, criticó el proyecto de ley por considerarlo “un perjuicio para los extranjeros”.
“El derecho a la reproducción es un derecho humano”, afirmó Afanador, quien, sin embargo, apoya una ley que evite “abusos” y “riesgos comerciales”.
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