Brasil, Haití y Guatemala, las latinas con las peores condiciones para los trabajadores

Hace unos días se conmemoró el día internacional del Trabajo en distintas partes del mundo. La celebración se remonta a 1880 tras unas manifestaciones en Chicago de trabajadores que, en su momento, abogaban por condiciones laborales dignas como jornadas de ocho horas y la formación de sindicatos.

Ahora bien, de acuerdo con el reporte de la Confederación Sindical Internacional, Ituc por sus siglas en inglés, las condiciones laborales de los trabajadores aún no se acercan a los estándares estipulados por la Confederación en tanto que, por ejemplo, de 149 países incluidos en el análisis, en 87% de ellos se vulnera el derecho a la huelga y 77% se excluye a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato. Las conclusiones del reporte para América Latina reflejan que Haití, Brasil, Colombia, Guatemala y Ecuador tienen las peores condiciones laborales para los trabajadores.

Para medir qué países ofrecen las peores condiciones laborales para los trabajadores, la Ituc realizó una escala de uno a cinco en la que clasificó a los países en las categorías "violaciones esporádicas de derechos", "violaciones repetidas de derechos", "violaciones regulares de derechos", "violaciones sistemáticas de derechos", "derechos no garantizados" y añadió otra llamada "derechos no garantizados por la destrucción del estado" en la que se incluyen las democracias fallidas.

¿Qué pasa en la región?

Aunque América no es el continente peor rankeado (Oriente Medio y África del Norte obtuvieron 4,53 de calificación y Asia Pacífico 4,18) obtuvo un puntaje de 3,52, por detrás de Europa. Como se mencionó previamente, en los cinco países peor calificados por Ituc se registraron en el último año agresiones violentas a sindicalistas y trabajadores y las protestas masivas de estos gremios se enfrentaron a la brutalidad policial.

En Haití, la única nación calificada como "derechos no garantizados por la destrucción del estado", es aquella en la que situación transgrede tanto derechos civiles como las restricciones de las libertades de los trabajadores. "Haití está sumida en un grave crisis política e institucional que acarrea la vulneración de derechos y libertades de los trabajadores", se lee en el reporte.

Uno de los asuntos que más le preocupa a la Confederación se relaciona con el asesinato a sindicalistas en la región debido a que, de 25 países que la conforman, en ocho de ellos se han presentado casos de esta índole, entre ellos Ecuador, Perú, Brasil y Guatemala. De acuerdo con Ituc, Colombia fue el país del mundo en el que se presentaron más casos de asesinatos a sindicalistas en 2023.

Otras de las cifras que encierran la situación de vulneración de derechos de trabajadores en América enuncian que en 92% de los países encuestados se vulnera el derecho a la huelga, en 72% de ellos se han negado a los trabajadores el acceso parcial o total a la justicia y en 88% de los países se ha impedido el registro de nuevos sindicatos.

Tendencias laborales

Ituc enunció tres tendencias que marcan la crisis laboral en los países que pisotean los derechos de los trabajadores en el mundo. El primero de ellos son las democracias en crisis, que son explicadas como los ataques a los cimientos de la libertad y la democracia en tanto que se restringen derechos a la huelga y la libertad de expresión y reunión.

El segundo de ellos es un "silenciamiento en la era de la ira", es decir, existe una represión de las autoridades hacia los trabajadores que exigen condiciones dignas como salarios más altos y una mejor distribución de los beneficios. Frente a esto, Ituc alega que han evidenciado casos de brutalidad policial y represión a huelguistas.

Finalmente, para la Confederación existen leyes represivas que podrían tipificar la agresión de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en India, la nueva legislación laboral del Gobierno priva a los trabajadores de los derechos de huelga y la formación de sindicatos. Por otro lado, en Israel se presentó un proyecto de ley que impediría a sindicatos convocar huelgas de solidaridad.