Cómo es el nuevo régimen de contrataciones que definió el gobierno de Javier Milei

Como parte de su plan "motosierra" para llegar al equilibrio fiscal, el presidente Javier Milei oficializó este martes el nuevo régimen de contrataciones para el sector público, el cual establece una serie de requisitos y prohibiciones para realizar designaciones en el Estado.

Además, definió la duración máxima de los contratos en seis meses y fijó como obligatoria la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias para poder trabajar en el sector público.

El Gobierno oficializó los cambios en las normas de contratación en el Estado a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial. Se trata de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, los cuales buscan "optimizar" la estructura estatal bajo el paradigma de ajuste y eficiencia promovido por el presidente y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Empleados estatales: cómo es el nuevo régimen de contrataciones del Gobierno de Milei

Las normativas disponen una nueva regla de "un alta por cada tres bajas" a la hora de contratar a un nuevo empleado en la Administración Pública Nacional (APN).

Según el Gobierno, el objetivo de esto es "propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional".

El Decreto 1148/2024 establece una prohibición general a las nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional, afectando tanto a las plantas transitorias como los servicios profesionales contratados bajo régimen autónomo.

Según el texto del decreto: "Quedan prohibidas las designaciones y contrataciones de personal en las entidades del Sector Público Nacional bajo cualquier modalidad, incluyendo contratos transitorios y servicios profesionales autónomos".

La norma impone una estricta regla: por cada tres bajas de personal registrado, solo se podrá realizar una nueva incorporación. Así lo especifica el artículo 5: "La cobertura de vacantes solo podrá realizarse bajo el criterio de un (1) alta por cada tres (3) bajas, sin excepciones fuera de las previstas en este decreto".

Sin embargo, cabe señalar la norma incluye excepciones para áreas estratégicas como Ciencia y Tecnología, Salud y Servicio Exterior.

Además, cada solicitud de nueva contratación deberá ser avalada por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, reforzando los controles sobre la estructura estatal.

"El Decreto 1148/24 publicado hoy con firma del presidente Milei estipula que, en 2025, cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si, por cada una, el área hubiera verificado tres bajas previas. La motosierra continúa", declaró Sturzenegger al oficializar la medida. Este enfoque, según el Gobierno, apunta a reducir el gasto público en un contexto de emergencia económica.

Más requisitos: pruebas de idoneidad y menor duración de contratos

Por otro lado, el Decreto 1149/2024 se alinea a las pruebas de idoneidad para empleados públicos que el Gobierno comenzó a tomar hace pocas semanas a quienes ya se encuentran contratados.

Esta norma dispone una nueva Evaluación General de Conocimientos y Competencias que será obligatoria para acceder a cualquier contratación en el sector público.

Según el artículo 3 del decreto: "Toda persona aspirante a una contratación en el Sector Público Nacional deberá aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, como requisito excluyente para ser designado/a".

Esta evaluación, implementada por Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24, ya comenzó a regir en diciembre de 2024. El artículo 6 establece plazos claros: "Los/as aspirantes que no hubieran aprobado la evaluación en diciembre de 2024 podrán ser contratados/as solo hasta el 31 de marzo de 2025. A partir del 1 de abril de 2025, la aprobación del examen será un requisito excluyente".

Asimismo, los nuevos contratos no podrán exceder el 30 de junio de 2025, marcando un horizonte de transitoriedad que obliga a una revisión constante.

En paralelo, se insta a las empresas estatales a replicar estas políticas, extendiendo la reforma más allá de la administración pública tradicional.