Cómo la empresa china ZTE ayudó a Venezuela a construir un mecanismo de control social

En abril de 2008, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen.

La misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana.

Pero una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.

En la sede del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico.

"Lo que vimos en China cambió todo", dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro de aquella delegación venezolana.

Su asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en Venezuela.

"Ellos buscaban tener el control de los ciudadanos", agregó.

Al año siguiente, cuando Daquin confesó sus preocupaciones a funcionarios venezolanos, fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia, dijo el asesor a Reuters. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron de "traidor", aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.

Portavoces del gobierno venezolano no hicieron comentarios sobre la versión de Daquin.

El proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como "carnet de la patria".

La tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. El carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir.

Y ZTE, cuyo papel en el proyecto de la patria se detalla aquí por primera vez, está en el corazón del programa.

Como parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la "seguridad nacional", Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados ​​por Reuters.

Un equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la base de datos, según dijeron cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.

El carnet de la patria genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de derechos humanos que creen que es una herramienta para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro monitorice a la población y reparta los escasos recursos entre sus leales.

"Es un chantaje", dijo Héctor Navarro, uno de los fundadores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministro de Chávez, sobre el programa del carnet de la patria.

"Los venezolanos que tienen el carnet de la patria tienen más derechos que los que no lo tienen", agregó.

En una entrevista telefónica, Su Qingfeng, el jefe de la unidad de Venezuela de ZTE, confirmó que la empresa vendió a Caracas los servidores para la base de datos y que está desarrollando la aplicación de pago móvil.

La compañía, dijo Su, no violó las leyes chinas o locales y no tiene ningún papel en la forma en que Venezuela recopila o utiliza los datos de los titulares de tarjetas.

"No apoyamos al gobierno", dijo. "Solo estamos desarrollando nuestro mercado".

Un derrumbe de la economía en Venezuela está provocando hiperinflación, escasez generalizada de alimentos y medicamentos y un éxodo creciente de ciudadanos desesperados.

El presidente Maduro, el sucesor de Chávez, ha sido sancionado por Estados Unidos y es criticado por gobiernos desde Francia a Canadá por ser cada vez más autocrático.

Pero Maduro tiene un aliado. La tarjeta también muestra cómo China, a través de empresas vinculadas con el estado como ZTE, exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y castigar a los ciudadanos.

La base de datos, según empleados del sistema de tarjetas y capturas de pantalla de datos de usuarios revisados ​​por Reuters, almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó.

La divulgación por parte del gobierno de la participación de ZTE se ha limitado hasta ahora a una referencia pasajera en un comunicado de prensa de febrero de 2017 que le da crédito a la compañía por ayudar a "fortalecer" la base de datos.

El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Nadia Pérez, portavoz de CANTV, la firma estatal de telecomunicaciones, declinó hacer comentarios y Manuel Fernández, el presidente de la compañía, no respondió a correos electrónicos ni a mensajes de texto de Reuters.

El Ministerio de Justicia de China y su embajada en Caracas no respondieron a los pedidos de comentarios.

Aunque ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el gobierno es un cliente clave.

ZTE se ha enfrentado a Washington en el pasado por tener tratos con gobiernos vistos como autoritarios.

La compañía pagó este año 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que la empresa recibió tras enviar equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del Norte, violando las sanciones de Washington y leyes de exportación.

La acción del Departamento de Comercio fue desencadenada por un informe de 2012 de Reuters indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía componentes de Estados Unidos, para espiar las telecomunicaciones de sus ciudadanos.

Expertos legales en Estados Unidos dijeron que no está claro si ZTE y otras compañías que proveen el sistema del carnet de la patria violan sanciones impuestas por Washington a altos dirigentes venezolanos al dar herramientas que los críticos creen que refuerzan la permanencia del gobierno en el poder.

Fernández, el presidente de CANTV, es uno de los sancionados debido a la censura que la empresa aplica al internet en Venezuela, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Pero las prohibiciones hasta ahora buscan primordialmente frustrar los negocios con Maduro y otros altos funcionarios, no el comercio habitual en Venezuela.

Aún así, los legisladores estadounidenses y otros críticos del gobierno de Maduro están preocupados por el papel de ZTE en Venezuela. "China está en el negocio de exportar su autoritarismo", dijo a Reuters el senador estadounidense Marco Rubio, en un correo electrónico.

"La creciente dependencia del régimen de Maduro en ZTE en Venezuela es solo el último ejemplo de la amenaza que las empresas chinas dirigidas por el Estado representan para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", agregó.

Para entender cómo funciona el carnet de la patria y cómo nació, Reuters revisó contratos confidenciales y documentos internos del gobierno relacionados con su desarrollo.

También entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores de ZTE, del gobierno venezolano y de CANTV, o la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, como se conoce formalmente a la empresa.

Los entrevistados confirmaron los detalles del proyecto y los orígenes del plan que narró Daquin.

"UN INTENTO DE CONTROLARME"

A lo largo del año pasado, Maduro instó a los ciudadanos a inscribirse y sacar la nueva tarjeta, y dijo que es esencial "construir un nuevo poder popular en Venezuela". Unos 18 millones de personas -más de la mitad de la población- ya lo han hecho, según cifras del gobierno.

"Con este carnet vamos a hacer todo de ahora en adelante", dijo Maduro por la televisión estatal en diciembre pasado.

Para alentar su adopción, el gobierno ha dado premios en efectivo a los titulares de los carnet por desempeñar tareas cívicas, como reunir a los votantes.

También ha otorgado pagos únicos, como a las mamás inscritas en el sistema, a quienes dio un bono por el Día de la Madre de aproximadamente dos dólares. El pago, en mayo pasado, era equivalente a casi un salario mínimo mensual, que alcanza para comprar un cartón de huevos al ritmo actual de la inflación.

Maduro además está tomando medidas para forzar la adopción de la tarjeta.

El gobierno ahora dice que los venezolanos necesitan el carnet para recibir beneficios que incluyen medicamentos, pensiones, canastas de alimentos y combustible subsidiado.

En agosto, los jubilados protestaron frente a las oficinas principales del instituto nacional de seguridad social y se quejaron de que la regla de exigir el carnet de la patria para cobrar su dinero limitaba el acceso a pensiones ganadas con esfuerzo.

Benito Urrea, un diabético de 76 años, dijo a Reuters que una médica estatal le negó recientemente una receta de insulina y lo acusó de ser miembro de la "derecha" porque no se había inscrito en el sistema del carnet. Como muchos venezolanos, sobre todo aquellos que se oponen al gobierno de Maduro, Urrea ve la tarjeta con sospecha.

"Lo sentí como un intento de persuadirme, comprarme, por mis necesidades", dijo Urrea en su departamento de Caracas.

Reuters no pudo ponerse en contacto con la doctora.

Con los servidores comprados a ZTE, el gobierno está creando una base de datos que algunos ciudadanos temen esté identificando a quienes apoyan al gobierno y a los que no lo hacen.

Parte de la información, como los datos de salud, se recopila al usar el carnet. Otros datos se obtienen al inscribirse.

Los titulares de tarjetas y los grupos locales de derechos humanos dijeron a Reuters que los administradores hacen preguntas sobre ingresos, actividades políticas y perfiles de redes sociales antes de emitir el carnet.

Los funcionarios públicos se enfrentan a una presión especial para inscribirse, de acuerdo con más de una docena de trabajadores estatales.

Al escanear sus tarjetas durante la elección presidencial en mayo pasado, los jefes les dijeron a los empleados de varias oficinas gubernamentales que les enviaran fotos de ellos en las urnas, aseguraron.

Un documento del Ministerio de Justicia revisado por Reuters mostraba una lista de empleados estatales que no votaron.

Después de que Chávez asumió la presidencia en 1999, buscó empoderar a los venezolanos "invisibles" que no podían acceder a los servicios básicos.

En los años siguientes, más ciudadanos recibieron documentación, pero los carnets eran frágiles y fáciles de falsificar, según un informe del Ministerio de Justicia de 2007.

El informe, revisado por Reuters, recomendó una nueva tarjeta habilitada para usar un microchip que sería más difícil de falsificar, pero no se avanzó en ese esfuerzo.

Ese diciembre, luego de casi una década de gran popularidad, Chávez sufrió su primera derrota electoral, perdiendo un referéndum para eliminar los límites al período de gobierno.

Poco después, los precios del petróleo se desplomaron, golpeando a la economía casi monoproductora.

Chávez se esforzó para apaciguar su base de clase trabajadora, incluyendo a muchos que aún carecían de esos documentos de identidad. Y envió a China a Daquin, el principal asesor de seguridad de la información de su Ministerio de Justicia.

La tecnología que Daquin y sus colegas conocieron en Shenzhen fue la base de lo que se convertiría en el "Sistema de Crédito Social" de China.

El sistema, en constante evolución y parte del cual usa "tarjetas inteligentes de ciudadanos" desarrolladas por ZTE, califica a las personas según su comportamiento, incluida su solvencia financiera y la actividad política.

El buen comportamiento puede hacer que los ciudadanos obtengan descuentos en servicios públicos o préstamos. Las "malas notas" pueden llevar a que se les prohíba usar el transporte público o que sus hijos no puedan ingresar a las mejores escuelas.

Los ejecutivos de ZTE mostraron las tarjetas inteligentes venezolanas a las que se integró una identificación por radiofrecuencia o RFID, una tecnología que permite a través de ondas de radio rastrear la ubicación y datos.

Otras tarjetas utilizan los llamados códigos de respuesta rápida, o QR, códigos de barras matriciales que se usan comúnmente para almacenar y procesar información.

Después del viaje, Venezuela volteó la mirada a Cuba, su más cercano aliado político, y le pidió ayuda para crear su propia versión de tarjetas RFID.

"El nuevo objetivo era Big Data", dijo Daquin.

En junio de 2008, Venezuela acordó pagarle a una empresa estatal cubana 172 millones de dólares para desarrollar seis millones de tarjetas, según una copia del contrato.

Los funcionarios del gobierno cubano no respondieron a las preguntas sobre el acuerdo.

Para el año 2009, Daquin comenzó a inquietarse por el potencial que tenía el programa del carnet para cometer abusos en la privacidad de los ciudadanos. Y expresó sus preocupaciones ante funcionarios como Vladimir Padrino, un general de la época que ahora es ministro de Defensa de Venezuela.

El Ministerio de Defensa no respondió a las llamadas telefónicas, correos electrónicos ni a una carta presentada por Reuters para hacer comentarios.

En la mañana del 12 de noviembre del 2009, en su panadería habitual de Caracas, seis oficiales armados con uniformes de la agencia nacional de inteligencia esperaban a Daquin, según contó a Reuters.

Le mostraron fotos de su hija y lo obligaron a conducir hacia el este, hacia la ciudad de Guatire.

En un camino secundario, dijo Daquin, lo golpearon con pistolas, le metieron un arma en la boca y le sacaron varios dientes, que aún le faltan.

"¿Por qué traicionas a la revolución?", preguntó uno.

Le exigieron 100.000 dólares por su liberación, dijo Daquin.

Daquin, quien dice que había estado ahorrando durante años para comprar una propiedad, fue a su casa, sacó dinero de una caja fuerte y se lo entregó a los hombres.

Esa noche, reservó un vuelo para él, su esposa y sus tres hijos a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces, trabajando como asesor de seguridad de la información.

Su hermano, Guy, que también vive en Estados Unidos, confirmó la narración de Daquin.

La documentación revisada por Reuters corrobora su papel en el Ministerio, y personas familiarizadas con el trabajo de Daquin confirmaron su participación en el proyecto del carnet.

Después de que Daquin huyó, el contrato con Cuba no llegó a ninguna parte, según otro exasesor.

En marzo de 2013, Chávez murió. Maduro, su heredero como candidato del Partido Socialista, fue elegido presidente al mes siguiente. El prolongado desplome petrolero arrastró a Venezuela a la recesión.

"AVERIGUAREMOS"

Con el aumento de la pobreza y el hambre, el gobierno lanzó en 2016 un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiados. Contrató a Soltein SA de CV, una compañía con sede en México, para diseñar una plataforma en línea para rastrear los paquetes, según los documentos revisados ​​por Reuters.

La plataforma fue el comienzo de la base de datos que ahora se usa para el sistema del carnet de la patria.

Los directores de Soltein, según los perfiles de LinkedIn, son en su mayoría exempleados estatales cubanos.

Una persona que contestó un teléfono registrado a nombre de Soltein negó que la empresa trabajara en el sistema de la patria. Una mujer en la dirección registrada de la compañía en la ciudad turística de Cancún dijo a Reuters que nunca había oído hablar de Soltein.

El sistema funcionó. Un 90 por ciento de los residentes del país recibe hoy los paquetes de alimentos, según un estudio publicado en febrero por la Universidad Católica Andrés Bello y otras dos universidades.

Ya más satisfecho con su capacidad de rastrear las entregas, el gobierno buscó saber más sobre los beneficiarios, de acuerdo con personas involucradas en el proyecto. Así que volvió a ZTE.

La empresa china, que está en Venezuela desde hace aproximadamente una década, tiene más de 100 empleados que trabajan en dos pisos de un rascacielos de Caracas. Primero trabajó con CANTV, la compañía de telecomunicaciones, para habilitar la programación de televisión en línea.

Como muchas empresas estatales en Venezuela, CANTV está sedienta de inversiones.

ZTE se convirtió en un socio clave, asumiendo muchos proyectos que alguna vez hubieran sido responsabilidad de CANTV, dijeron personas familiarizadas con ambas compañías.

La compañía china está ayudando hoy al gobierno de Venezuela a construir seis centros de respuesta a emergencias que monitorizan las principales ciudades del país, según un comunicado de prensa de 2015.

En 2016, ZTE comenzó a centralizar para el gobierno la vigilancia por video de todo el país, dijeron empleados actuales y anteriores.

En su empuje final por los carnets de la patria, el gobierno ya no consideraba la tecnología RFID, según personas familiarizadas con el esfuerzo. La tecnología de rastreo era demasiado costosa.

En cambio, le pidió a ZTE que lo ayudara con los códigos QR, los cuadros en blanco y negro que los usuarios de teléfonos inteligentes pueden escanear para dirigirse a sitios web.

ZTE desarrolló los códigos, a un costo de menos de 3 dólares por cuenta, y el gobierno imprimió las tarjetas, vinculándolas a la base de datos de Soltein, dijeron esas fuentes.

En una llamada telefónica con Reuters en septiembre, Su, el jefe de negocios de ZTE en Venezuela, confirmó el acuerdo de la compañía con CANTV. Se negó a responder otras preguntas.

Maduro presentó las tarjetas en diciembre de 2016. En un discurso televisado, sostuvo una, agradeció a China por prestar un apoyo que no especificó y dijo que "todo el mundo debe carnetizarse".

El sistema de identificación, que aún se ejecuta en la plataforma Soltein, todavía no se había migrado a los servidores ZTE.

El desastre pronto golpeó. En mayo de 2017, los hackers irrumpieron en la base de datos del sistema del carnet. El ataque fue llevado a cabo por activistas anónimos anti Maduro conocidos como TeamHDP.

El líder del grupo, en una cuenta en Twitter bajo el nombre @YoSoyJustincito, escribió que el pirateo fue "sumamente sencillo" y estaba motivado por la misión del TeamHDP de exponer los secretos de Maduro.

El hacker, que habló con Reuters por mensajes de texto, se negó a ser identificado y dijo que ya no está en Venezuela. Un administrador de CANTV que luego ayudó a migrar la base de datos a los servidores ZTE confirmó los detalles de la violación.

Durante el hackeo, TeamHDP tomó capturas de pantalla de los datos de los usuarios y eliminó las cuentas de los funcionarios del gobierno, incluido Maduro. Más tarde, el presidente apareció en la televisión escaneando su tarjeta y recibiendo un mensaje de error: "La persona no existe".

Las capturas de pantalla de la información de varias cuentas de tarjetas, compartidas por TeamHDP con Reuters, incluían números de teléfono, correos electrónicos, domicilios, participación en eventos del Partido Socialista e, incluso, si una persona tiene una mascota.

Las personas familiarizadas con la base de datos dijeron que las capturas de pantalla parecen auténticas.

Poco después del hackeo, Maduro firmó un contrato de 70 millones de dólares con CANTV y un banco estatal para proyectos de "seguridad nacional". Eso incluyó el desarrollo de una "base de datos centralizada de la patria" y una aplicación móvil para procesar pagos asociados con la tarjeta, como la compra de la caja de alimentos que entrega el gobierno a precio de descuento.

"La seguridad integral de la nación (...) pretende ser vulnerada por factores apátridas y antiimperialistas", dice el contrato, que sostiene que una parte no revelada del dinero provendría del Fondo Conjunto de China y Venezuela, un programa de financiamiento bilateral.

Un contrato relacionado, también revisado por Reuters, asigna la base de datos y los proyectos de aplicaciones de pago a ZTE. El documento no revela cuánto de los 70 millones de dólares se destinarían a la empresa china.

ZTE declinó comentar sobre los detalles financieros de su negocio en el país petrolero. Ni el gobierno venezolano ni el chino respondieron a preguntas de Reuters sobre los contratos.

En julio de 2017, Soltein transfirió la propiedad de los datos del sistema de la patria a CANTV, según muestran los documentos del proyecto.

Un equipo de una docena de desarrolladores de ZTE comenzó a reforzar la capacidad y la seguridad de la base de datos, dijeron los empleados actuales y anteriores de CANTV.

Entre otras medidas, ZTE instaló unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell Technologies Inc., con sede en los Estados Unidos, según un documento de ZTE. La portavoz de Dell, Lauren Lee, dijo que ZTE es un cliente en China, pero que la empresa no vende equipos a ZTE en Venezuela.

Agregó que Dell revisó sus transacciones en Venezuela y que tampoco tenía conocimiento de ninguna venta a CANTV.

"Dell se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables donde hacemos negocios", dijo Lee en un correo electrónico. "Esperamos que nuestros clientes, socios y proveedores sigan estas mismas leyes".

En mayo, Venezuela celebró elecciones que fueron desacreditadas por gobiernos extranjeros después de que las autoridades electorales venezolanas inhabilitaran a varios partidos de oposición.

Antes de la jornada electoral, los funcionarios del partido gobernante instaron a los votantes a estar "agradecidos" por la generosidad del gobierno a través de los carnet de la patria.

Instalaron quioscos llamados "puntos rojos" cerca de los centros de votación, donde los votantes podían escanear sus tarjetas y registrarse. El mismo Maduro prometió un "premio de la patria" para quien votara.

Los que escanearon sus tarjetas más tarde recibieron un mensaje de texto agradeciéndoles por apoyar a Maduro, según varios titulares de tarjetas y un mensaje de texto revisado por Reuters.

Los premios para votar, sin embargo, nunca fueron emitidos, dijeron los dueños de las tarjetas y personas familiarizadas con el sistema.

Los empleados actuales y anteriores de CANTV dicen que la base de datos registra si votó una persona, pero no cómo.

Sin embargo, a algunos votantes se les hizo creer que el gobierno lo sabría.

Una organizadora de un comité de distribución de alimentos en la ciudad de Barinas, en el oeste del país, aseguró que empleados del gobierno le pidieron a ella y a sus colegas que les dijeran a los beneficiarios de las cajas con comida que podían saber cómo votaron.

"Nosotros nos vamos a enterar si va a votar o no por el gobierno", recordó la mujer haberles dicho.

Los trabajadores del Estado dicen que son un blanco. Una presentación interna de CANTV del año pasado dijo que el sistema puede transmitir información de la base de datos a los ministerios para ayudar a "generar estadísticas y tomar decisiones".

Después de la votación, oficinas gubernamentales, como el estatal Banco Bicentenario, enviaron listas a CANTV con nombres de empleados estatales para determinar si habían votado, según un gerente que ayudó a configurar los servidores.

El Banco Bicentenario no respondió a un pedido de comentarios.

Ahora que los datos personales están tan disponibles, algunos ciudadanos temen perder más que sus empleos, dijo Mariela Magallanes, una legisladora de la oposición que encabezó una comisión para investigar los carnet de la patria.

"El gobierno sabe exactamente quién es más vulnerable a la presión", dijo.