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Bernando Arévalo, presidente de Guatemala
GUATEMALA

Comunidad internacional protesta por demora en posesión en Guatemala de Arévalo

domingo, 14 de enero de 2024

Bernando Arévalo, presidente de Guatemala

Foto: Reuters

El máximo tribunal de Guatemala decidió el domingo que los legisladores de Semilla no asumirán sus cargos afiliados a su partido sino como independientes

Reuters

Las tensiones aumentaban el domingo en Guatemala, después de que se retrasara sin explicación la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, generando un llamado de las delegaciones de los países presentes en el evento a que se respete el proceso.

Las inmediaciones del Congreso permanecían cercadas por policías tras el arribo de manifestantes exigiendo la reanudación del acto de juramentación de los nuevos legisladores, que fue suspendido por la mañana. La posterior ceremonia de investidura de Arévalo debía comenzar a las 15.00 hora local (2100 GMT).

Su partido, Movimiento Semilla, envió un mensaje a través de la red social X diciendo que él era oficialmente el presidente de Guatemala, aunque el mensaje fue eliminado varios minutos después.

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), dijo por su parte que "no hay dudas" de que Arévalo es el presidente del país centroamericano y llamó a todas las partes a mantener la calma.

El canciller de Honduras, Enrique Reina, pidió que se respete la toma de posesión en un mensaje compartido a través de redes sociales, que dijo que fue en nombre de las delegaciones presentes en Guatemala, incluidas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

"El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esa voluntad debe ser respetada", afirmó.

El máximo tribunal de Guatemala decidió el domingo que los legisladores de Semilla no asumirán sus cargos afiliados a su partido sino como independientes. Eso les impediría unirse a la junta directiva del Congreso y debilitaría la capacidad del nuevo presidente para ejercer el poder.

El tribunal dijo que planeaba reunirse nuevamente a las 6 de la tarde.

Con la promesa de desterrar la arraigada corrupción en Guatemala, el país más poblado de Centroamérica con 17,1 millones de habitantes, Arévalo, de 65 años, logró un amplio triunfo en el balotaje de agosto. Pero, desde entonces, el Ministerio Público (MP) arreció en sus intentos por desacreditar su triunfo y entorpecer la transición.

Las medidas del MP -intento de despojo de la inmunidad de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera; suspensión de su partido; y buscar la anulación del proceso electoral- han llevado a miles de guatemaltecos a tomar las calles y a la comunidad internacional a levantar su voz de protesta.

Pero también socavaron el frágil estado de derecho guatemalteco colocando al país al borde de una crisis de gobernabilidad que podría limitar la implementación de las principales promesas de campaña de Arévalo, como sanear la administración pública, luchar contra la delincuencia organizada, generar más empleos y combatir el cambio climático.

"Los problemas no han terminado para Arévalo", opinó Roberto Alejos, expresidente del Congreso y analista político guatemalteco.

"No le van a dejar pasar ninguna ley en el Congreso y tendrá suficientes dificultades para gobernar", agregó.

A pesar de su aplastante triunfo presidencial, Semilla -un partido socialdemócrata, ecologista y progresista- apenas logró 23 de los 160 curules del legislativo, colocándose como la tercera fuerza detrás de los conservadores Vamos, del saliente mandatario Alejandro Giammattei, y UNE, de la exprimera dama Sandra Torres.

"Las acciones para criminalizar a Bernardo Arévalo y a otros miembros del partido podrían continuar, incluyendo despojarlos de su inmunidad", dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica del centro de promoción de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

"La alteración del orden constitucional en Guatemala generada por (la fiscal general, Consuelo) Porras es una grave amenaza para la gobernabilidad, la estabilidad y la paz", añadió.

El MP ha negado las acusaciones de que estaría llevando a cabo un "golpe de Estado" y ha dicho que su accionar se encuentra dentro del marco de las leyes.

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