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La legislación de implementación del T-MEC incluyó US$210 millones para gastarse en la Oficina de Asuntos Laborales Internacional
El Consejo Independiente de Expertos Laborales de México (IMLEB, por su sigla en inglés), creado por Estados Unidos para evaluar la implementación de la reforma laboral mexicana, está limitado para hacer recomendaciones, indica un informe del Congreso estadounidense. Algunos de los miembros del Consejo afirman que éste no tiene la autoridad legal para hacer recomendaciones de “amplio alcance”.
En la Sección 731 de la Ley de Implementación del T-MEC, el Congreso estadounidense estableció el IMLEB, integrado por 12 miembros designados por la dirigencia del Congreso y el Comité Asesor Laboral, con el propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral mexicana y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
También el Consejo asesorará al Comité Laboral Interinstitucional con respecto a las actividades de creación de capacidad necesarias para apoyar dicha implementación y cumplimiento.
Hasta ahora, el IMLEB ha emitido dos informes al Congreso estadounidense y al Comité Laboral Intersecretarial, uno el 15 de diciembre de 2020 y el segundo el 7 de julio de 2021.
En ambos informes, el Consejo reconoció que México había logrado avances significativos en la implementación de las medidas de reforma laboral, especialmente al tener en cuenta el impacto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19), pero que quedaban más cambios por implementar.
El informe de 2021 incluye recomendaciones sobre cómo Estados Unidos puede ayudar a reforzar los derechos de los trabajadores en México.
Sin embargo, también incluye una declaración separada con opiniones discrepantes de algunos miembros del Consejo que, aunque están de acuerdo con las conclusiones principales del informe, afirman que el Consejo no tiene la autoridad legal para hacer recomendaciones de amplio alcance.
A la fecha, se han presentado tres quejas laborales bajo el T-MEC. La primera fue interpuesta por mujeres trabajadoras migrantes mexicanas y organizaciones de la sociedad civil contra Estados Unidos. Las otras dos fueron presentadas por Estados Unidos contra instalaciones en México bajo el novedoso mecanismo de respuesta rápida del T-MEC.
Ya se alcanzaron acuerdos de remediación en ambas denuncias estadounidenses, mientras que la denuncia mexicana parece permanecer en la etapa de consulta. La legislación de implementación del T-ME incluyó 210 millones de dólares para gastarse en la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento de Trabajo, en actividades de implementación del USMCA.
De esta cantidad, 180 millones se utilizarían durante cuatro años para proyectos de asistencia técnica relacionados con el T-MEC y 30 millones durante ocho años para la capacidad de ILAB de monitorear el cumplimiento del T-MEC, incluidos los gastos necesarios de empleados adicionales de tiempo completo para el Comité.
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