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El Gobierno de México anunció reforma a la justicia.
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La reforma presentada por AMLO propone una reducción en el número de integrantes de la corte suprema: pasando de once a nueve
La polémica reforma al poder judicial de México se alista a ser aprobada en septiembre por el Congreso de mayoría oficialista aunque con cambios a los puntos más radicales, en un intento por apaciguar a los mercados financieros y evitar disputas legales dentro del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC, dijeron cuatro fuentes del partido gobernante Morena.
La propuesta del mandatario Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupación entre inversionistas quienes aseguran que los cambios debilitarían a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina; además de incumplir compromisos los socios del TMEC, Estados Unidos y Canadá.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada". La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha defendido la propuesta asegurando que el cambio se requiere para combatir la impunidad.
Pero los críticos aducen que uno de los puntos neurálgicos de la reforma -la elección de cerca de 1,600 ministros, magistrados y jueces por voto popular- producirá árbitros políticamente alineados, algo que ha venido golpeando a los activos mexicanos. MXX desde las elecciones de junio, cuando el oficialismo logró asegurar la mayoría calificada en la cámara baja y se quedó a dos escaños en la cámara alta.
Por ello, Morena ajustará la propuesta de López Obrador para que la elección de los impartidores de justicia sea escalonada y que los participantes sean seleccionados por un comité técnico tras someterse a pruebas de idoneidad, apuntaron las fuentes con conocimiento de las discusiones. Además, dijeron las fuentes, se garantizarán los millonarios fondos de los trabajadores del Poder Judicial que se mantienen en fideicomisos, otro punto que generó preocupaciones.
"El presidente es libre de proponer una reforma, pero el Poder Legislativo también es libre de modificarla", dijo una de las fuentes, quien solicitó el anonimato por no estar autorizada a declarar públicamente sobre el tema.
"Si los mercados reaccionaron de esa forma con la propuesta, imagínese cómo sería si se aprueba en los términos en que fue enviada", agregó. El mandatario ha negado que la fuerte depreciación del peso MXN= -de un 8% la primera semana luego de las elecciones del 2 de junio- haya tenido que ver con su propuesta de reforma.
Las fuentes coincidieron en que las modificaciones responden a los reclamos más comunes que se han escuchado en los foros realizados para dar a conocer el alcance de la reforma y oír las posturas de los miembros del Poder Judicial, especialistas en la materia, ciudadanos de a pie, entre otros.
Además, aseguraron que una elección popular sin requisitos podría poner en jaque la operación adecuada de los tribunales laborales, una de las instituciones creadas con la reforma laboral de 2019 para cumplir con la resolución expedita de conflictos obrero-patronal dentro del TMEC.
Y, conscientes de que en 2026 se avecina una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) los legisladores ajustarían la propuesta presidencial para que no afecte el marco legal y comercial "claro, transparente y predecible", como estipula el acuerdo.
"Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales (de la Cámara de Diputados) incorporar al dictamen los asuntos que puedan mejorar, enriquecer o modificar la propuesta presidencial", dijo el senador Ricardo Monreal, quien se perfila para liderar Morena en la cámara baja cuando empiece en septiembre la nueva legislatura. "Respetaremos todas las expresiones, los puntos de vista; resistiremos presiones internas, externas, y mantendremos firmes nuestros principios y nuestros compromisos", agregó.
Entre otros cambios, la reforma presentada por López Obrador propone reducir número de integrantes de la corte suprema de 11 a nueve, crear un órgano de administración autónomo, un tribunal disciplinario, una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica y alternativa para despresurizar al sistema penal.
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