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El país atraviesa por protestas mineras.
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La destitución de Rómulo Mucho debe ser aceptada por la presente Dina Boluarte y tendrá que designar a otro funcionario para la cartera
El Congreso de Perú votó el martes a favor de la destitución del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en medio de protestas de pequeños mineros que demandan la ampliación por dos años más de un registro que les permite operar temporalmente, pero que según el Gobierno su mal uso ha expandido la minería ilegal.
Ahora la presidente Dina Boluarte, en un plazo máximo de 72 horas, debe aceptar la decisión y designar a un nuevo titular de Energía y Minas, una importante cartera en el tercer mayor productor mundial de cobre y clave para la economía local.
De acuerdo al panel del Congreso, unos 78 legisladores -de izquierda y derecha- votaron por la destitución de Mucho, cuatro en contra y 13 representantes se abstuvieron de votar.
Los mineros de baja escala, principalmente de oro, han rechazado un proyecto de ley del Gobierno que les otorga un límite de seis meses para regularizar sus actividades, plazo que regirá desde el 31 de diciembre cuando terminará la vigencia del actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Perú produjo 99,7 millones de gramos de oro en 2023, un 2,8% más que en el año previo. Según el Gobierno, las pequeñas minas artesanales extraen alrededor del 40% del mineral, aunque los representantes formales de este sector aseguran que es el 50%.
Los mayores mercados del oro peruano son India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá y Suiza, entre otros.
Según reportes del Gobierno y de estudios privados, Perú exportó el año pasado poco más de 10.000 millones de dólares en oro, y alrededor de 48% tendría procedencia ilegal.
Desde la semana pasada cientos de mineros mayormente del interior del país permanecen en carpas durmiendo frente al Congreso, mientras que otros han bloqueado vías en el sur regiones como presión para la ampliación de sus registros.
El REINFO, prorrogado varias veces, nació a inicios de la década pasada para permitir la formalización de los mineros artesanales, pero muchos aprovecharon el permiso temporal para operar en zonas prohibidas o en propiedad de terceros, sin cumplir las exigencias ambientales y laborales.
El Gobierno tiene unos 85.000 registros de mineros artesanales, la mayoría de zonas pobres del interior del país, pero sólo un 20% de estos mineros han podido formalizarse desde el 2012 cuando fue creado el programa. Perú es el octavo productor global de oro según datos el sector privado local.
El resto opera con permisos suspendidos en áreas que pertenecen a empresas formales, o de forma ilegal en medio de denuncias de enfrentamiento y ataques a minas establecidas que han dejado al menos treinta de muertos en los últimos dos años.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera del regulador financiero local, en los primeros 10 meses del año los bancos y las aduanas han reportado US$1.096 millones en operaciones vinculadas a la minería ilegal, que se ha convertido en la actividad que mueve más dinero que el narcotráfico.
Durante los primeros años de permisos temporales, los precios más bajos del oro y el cobre no eran atractivos para los mineros de pequeña escala. Pero ahora están tocando máximos por la demanda de estos metales para la transición energética.
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