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La utilización de drones está cada vez más extendida, pero no está exenta de riesgos regulatorios ni de interferencias normativas
¿Se imagina que un dron que sobrevuela su vivienda grabe imágenes de su familia en el ámbito privado y que estas lleguen a difundirse? No es un escenario futurista o distópico, teniendo en cuenta que algunos ya vuelan a más 300 kilómetros por hora y van equipados con cámaras de alta resolución.
La RAE define dron como una "aeronave no tripulada". El origen de estas máquinas capaces de volar sin que haya un piloto a bordo está ligado al ámbito militar, como ocurrió décadas atrás con tecnologías como el GPS. No obstante, su salto al ámbito civil se ha acelerado en los últimos años.
Para muchos niños se trata de un juguete, pero se han convertido en una herramienta útil en numerosos sectores: ya es habitual que se utilicen en el mundo agrícola para controlar cultivos, en la construcción para inspeccionar infraestructuras e incluso en tareas de rescate en catástrofes naturales.
Su uso es una realidad extendida que no está exenta de riesgos. "La normalización de los drones tiene unas implicaciones que conforman las dos caras de una moneda: supone un avance tecnológico y una forma de facilitar infinidad de tareas, pero también una potencial amenaza para los derechos de las personas", afirma Efrén Díaz, abogado y doctor en Derecho que ejerce como responsable de las áreas de tecnología y derecho espacial del Bufete Mas y Calvet.
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