Conozca lo que se juega este domingo en las Elecciones Generales de España

Los comicios tienen lugar en medio de una desaceleración amortiguada por el aumento del gasto público y la inercia positiva de la construcción, pero la situación de la industria, las inversiones y las exportaciones no es nada halagüeña.

Los empresarios reclaman que el nuevo Gobierno que salga de estas elecciones apueste por pactos que le den solidez, despejen la incertidumbre y le permitan llevar a cabo reformas para relanzar la economía y reducir el déficit.

Las elecciones de este domingo tienen lugar en un contexto complicado para la economía, en medio de un proceso que muchos economistas han calificado de "desaceleración encubierta".

¿Por qué? Porque el efecto de la caída de la producción industrial, el frenazo de las exportaciones y la inversión y la ralentización de la contratación por parte de las empresas está tapada por un mayor gasto público, la oferta de puestos de trabajo en las Administraciones y la inercia positiva de la compra de vivienda, que tarda más en acusar el cambio de tendencia.

Y, a pesar de todo, incluyendo los problemas cada vez más graves en las grandes economía europeas, la rebaja en las previsiones de creación de empleo y la subida de los precios del petróleo, el Gobierno niega importancia al frenazo económico que se avecina. Es decir, algo similar a lo que pasó en 2008, aunque en este caso el descalabro económico no será probablemente tan profundo.

Sin embargo, hay otro aspecto en el que la situación actual recuerda a la de hace once años: todos los políticos han optado por ponerse de perfil respecto a la desaceleración, obviando casi constantemente esta amenaza en los debates electorales.

Es más, los grandes partidos manteniendo unas apuestas que pueden ser lesivas para la economía, ya sea por la vía del crecimiento o la del déficit. Por un lado, PSOE y Podemos apuestan por un fuerte programa de gastos que implican, a su vez, un enorme aumento de los impuestos, de hasta 50.000 millones de euros, que indudablemente impactarán en la economía.

Por otro, PP y Vox reclaman una fuerte rebaja fiscal para revitalizar el crecimiento, pero no aclaran cuál es el plan B en el caso de que no puedan llevar a cabo sus propuestas, ya sea por la falta de mayoría o por las restricciones presupuestarias.

Por último, Ciudadanos ha moderado sus propuestas de una rebaja fiscal para que la ralentización no impida cumplir con el objetivo de déficit, pero tampoco tiene una oferta específica para relanzar el crecimiento.

A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo que no hay un problema en la economía española, Moncloa ha tenido que rebajar sustancialmente sus previsiones de creación de empleo para este año.

Así, la Oficina Económica del presidente Sánchez apunta a la generación de apenas 330.000 puestos de trabajo este año, un 41,8% menos que el año pasado. Y hay tres grandes factores en contra: la subida de los costes laborales, la caída de la productividad y el aumento del déficit estructural.

En primer lugar, el alza del salario mínimo y las cotizaciones máximas y el destope de las máximas ha generado una pinza que eleva los costes laborales de cerca de seis millones de ocupados, tanto aquellos con rentas más bajas como los que tienen sueldos más altos, y eso no sólo se traduce en una menor contratación de estos perfiles, sino en menor dinero para el resto.

En segundo, la productividad ha caído de forma continuada desde abril de 2018, y eso complica más la viabilidad del empleo actual en un entorno de debilidad económica. Y a todo esto se suma el hecho de que el empleo público se frenará drásticamente este año, tras la convocatoria de elecciones nacionales, autonómicas, municipales y europeas.

Además, el año pasado el gasto público se incrementó en 8.400 millones de euros por encima de lo que habría sido su tendencia natural, y ahora será obligado revertir este exceso, al menos en cierta medida. Bruselas ha llamado la atención sobre el déficit de 2018 y ha dado la voz de alerta sobre el desvío en el que se puede incurrir este año, ya que superará los 10.000 millones de euros, pero lo que le preocupa más es otra cosa: el saldo estructural.

Esto es, el desequilibrio de las cuentas a lo largo del ciclo económico. La Comisión Europea calcula que a pesar de todo el crecimiento logrado en los últimos años este desequilibrio seguirá por encima del 3% del PIB, precisamente porque toda la recaudación extra derivada del aumento de la actividad (y más) se ha ido a financiar nuevos gastos que permanecerán en los Presupuestos futuros; por eso, Bruselas teme que si el crecimiento se ralentiza ahora o en el futuro, el déficit vuelva a incrementarse. Y eso es muy peligroso en un momento en el que la deuda pública sigue rozando el 100% del PIB y en el que una subida de tipos podría suponer un duro golpe sobre los costes financieros.

Por todo ello, las principales organizaciones empresariales y los principales economistas han reclamado pactos tras las elecciones, de tal forma que se logren cuatro objetivos: estabilidad política, reformas, medidas para revertir la desaceleración y un ajuste sostenido de la deuda.

En primer lugar, la estabilidad es necesaria para volver a dar confianza a los empresarios, de forma que se vengan a activar las inversiones.

En segundo, las reformas son necesarias para relanzar el crecimiento, especialmente en un momento en el que casi se cumplen seis años sin reformas, y en un periodo en el que se ha demolido buena parte de ellas, como es el caso de la última reforma de las pensiones. Y eso, junto con una bajada de impuestos, es clave para sortear la desaceleración.

Finalmente, se necesita un ajuste del gasto público (especialmente de la grasa de la Administración) que permita rebajar la carga fiscal, pero también acelerar la senda de reducción de la deuda, dejando margen de maniobra para poder afrontar una nueva crisis en el futuro.

Los toques de atención han sido numerosos, los últimos de ellos, ayer mismo: Bank of America y JPMorgan. Así, Bank of America espera un "incremento de la volatilidad" este lunes, tanto en la renta fija como en la variable, por lo que alerta de que los inversores podrían "verse atrapados por un aumento de las primas de riesgo.

Por su parte, JPMorgan es más directo y recomienda vender bonos españoles ante la "considerable probabilidad de un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos (con o sin respaldo catalán), un escenario que podría llevar a una modesta trayectoria negativa de España tras las elecciones".

Y estas advertencias son sólo la gota que colma el vaso, ya que numerosas patronales y empresarios han dado la voz de alerta en las últimas semanas, incluyendo a la CEOE, el Círculo de Empresarios, la Asociación Española de Banca (AEB) o Ana Botín (presidenta de Grupo Santander), Borja Prado (expresidente de Endesa) o Luca de Meo (presidente de Seat).