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El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha anunciado que la Unión Europea ya ha llegado a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual 2014-2020, que contará con unos compromisos de gasto de hasta 960.000 millones de euros (US$1.284 millones)
Ese pacto, que todavía necesita el visto bueno del Parlamento Europeo, esboza las líneas generales y el techo del gasto público comunitario para esos siete años. Según fuentes diplomáticas, España seguirá siendo receptor neto de fondos (recibirá más del presupuesto europeo de lo que aportará), en contra de lo que todo hacía indicar antes de la cumbre presupuestaria de noviembre.
Según estas fuentes, España recibirá del presupuesto comunitario una cifra "igual o ligeramente superior" al 0,15% de su Producto Interior Bruto. Esto supondría algo más de 11.000 millones de euros (US$14.000 millones) netos durante los 7 años de vida del marco financiero. Y todo ello a pesar de que las dos partidas de las que más se beneficia España, Cohesión y Agricultura, han sufrido sendos tijeretazos respecto al periodo actual (2007-2013), de 30.100 y 47.200 millones de euros, respectivamente.
¿Cómo ha conseguido España salir indemne de esos severos ajustes? Y no solamente eso: ¿Cómo ha logrado mejorar incluso su saldo neto dentro del marco financiero? Fuentes de la delegación española lo atribuyen a dos factores. El primero, una menor contribución al presupuesto comunitario (de 3.400 millones). Y el segundo, una serie de ingresos puntuales que se han negociado desde la Eurocumbre presupuestaria de noviembre: 2.000 millones para fomentar el empleo (con una partida específica para paliar el paro juvenil), y dos sobres específicos para España, uno 500 millones para Agricultura y otro de 1.874 millones para Cohesión.
Más ingresos para España...
Los fondos para el empleo salen de la iniciativa de empleo juvenil, que los 27 pretenden dotar con 3.000 millones de euros (US$4.000 millones), a los que se sumarían otros 3.000 millones del fondo social europeo, que se destinarían a invertir en los jóvenes. Las regiones con una tasa de paro juvenil superior al 25% podrán optar a estos fondos. Según fuentes de la delegación española, España obtendría 924 millones de euros (US$1.236 millones) de forma directa y otros 1.000 millones adicionales por las modificaciones introducidas en el criterio de reparto de los fondos de Cohesión.
Además, el nuevo proyecto de conclusiones plantea un sobre adicional para inversión en desarrollo rural de 500 millones de euros.
A cambio de estos nuevos ingresos, España pierde casi 1.000 millones de los "sobres de Cohesión" que Van Rompuy propuso en noviembre para las economías más castigadas por la crisis. Si hace unos meses a España le hubieran correspondido 2.800 millones, ahora los 27 habrían acordado que la cifra se reduzca a 1.874 millones. El reparto quedaría así: 500 millones para Extremadura, 624 millones para regiones en transición (Andalucía, Murcia, Canarias y Castilla La Mancha, que tienen entre el 75% y el 90% de la renta media comunitaria), 50 millones para Ceuta y Melilla, y 700 millones para el resto.
Y menos contribuciones
En la partida de aportaciones al presupuesto comunitario, España también sale beneficiada, ya que aportará 3.400 millones de euros menos, según fuentes diplomáticas españolas. Estas fuentes ofrecen dos motivos para ello: el presupuesto comunitario es menor -lo que disminuye proporcionalmente las aportaciones- y ha habido "un ligero afeitado" a los cheques de varios países (aunque no del británico).
Las líneas generales de la nueva propuesta
Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo y encargado de coordinar y dirigir la negociación, habría logrado cerrar un presupuesto con unos compromisos de pago de 960.000 millones (12.000 millones menos que la propuesta anterior) y unos pagos efectivos de 908.400 millones. La primera cifra estaría destinada a satisfacer a los partidarios de un presupuesto más expansivo, mientras que la última trataría de contentar a los defensores de unas cuentas más austeras.
La diferencia es sutil. Los compromisos son un techo teórico de gasto que la UE no puede superar durante el periodo de siete años que dure el marco financiero (y es el concepto estándar sobre el que se han construido históricamente los presupuestos comunitarios). Los pagos, en cambio, son el techo real de gasto. Este suele ser algo menor porque no todos los proyectos se materializan, o porque no se usan determinados fondos de emergencia. No obstante, una vez que se ha consumido el presupuesto de pagos, si la UE quiere utilizar el resto de fondos comprometidos, necesita acordar un presupuesto rectificativo por mayoría cualificada.
Respecto a la última propuesta de noviembre, la partida de inversión en Competitividad, Crecimiento y Empleo es la más perjudicada, con casi 14.000 millones menos. Administración, Seguridad y Europa Global (Exteriores) también sufren ajustes. En cambio, las partidas de Cohesión y de Agricultura han subido 4.500 y 1.200 millones, respectivamente (ver cuadro).
Amenazas de veto del Parlamento Europeo
Falta también por ver la reacción del Parlamento Europeo, cuyo visto bueno es necesario para validar el acuerdo al que ha llegado el Consejo. Su presidente, Martin Schulz, transmitió ayer por la noche a los líderes de los Veintisiete que no tolerará un presupuesto demasiado austero. "Cuanto más se acerque el acuerdo a la propuesta británica, más probabilidades hay de que lo tumbe el Parlamento [...] La posición de Schulz cuenta con una mayoría sólida en la Eurocámara y si 150 parlamentarios lo solicitan el voto será secreto [lo que disminuirá el efecto de hipotéticas presiones]".
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