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Poder Judicial rechaza recurso de sobreseimiento presentado por el exmandatario, con el cual buscaba que la acusación impulsada en su contra sea archivada
El expresidente Pedro Castillo, quien afronta dos prisiones preventivas, sufrió un nuevo revés judicial y se encuentra a un paso de ir a juicio oral por el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar en diciembre del 2022.
Poder Judicial resuelve continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado al rechazar la solicitud de sobreseimiento (archivo) presentada por la defensa de los imputados.
Así lo dispuso el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley al señalar que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados debe ser contrastado en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación. Checkley, rechazó el recurso de sobreseimiento presentado por el exmandatario, con el cual buscaba que la acusación del Ministerio Público impulsada en su contra sea archivada.
El magistrado también denegó los petitorios presentados por la expremier Betssy Chávez y por el exconsejero presidencial, Aníbal Torres, quien se encuentran procesados en este caso. De esta manera, el caso, que se encuentra en etapa de control de acusación, pasará a fase de control y admisión de pruebas, que es la última etapa antes de ir a juicio oral.
Precisamente, Checkley convocó a una próxima sesión a realizarse el martes 17, en la que se analizarán las propuestas de testigos presentados por el Ministerio Público y los investigados.
Tras esta fase, el magistrado deberá emitir un auto de enjuiciamiento, en la que deberá ordenar que el caso pase a juicio oral. Al ser un exalto funcionario, Castillo será juzgado por una sala especial de la Corte Suprema.
En enero pasado, el Ministerio Público presentó su acusación contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por estos hechos, solicitaron 34 años de prisión efectiva en su contra.
Para Chávez y Torres, presidenta del Consejo de Ministros y jefe del gabinete de asesores de la PCM al momento del fallido golpe de Estado, se pidieron 25 y 15 años de condena por rebelión, respectivamente. Los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta y los oficiales PNP Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón también enfrentan una pena de 25 años de cárcel.
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