Corte Suprema de EE.UU. confirma la ley contra el fomento de la inmigración ilegal

Una ley federal que tipifica como delito que una persona fomente la inmigración ilegal no viola las protecciones constitucionales de la libertad de expresión, dictaminó el viernes la Corte Suprema de Estados Unidos al ratificar la medida de décadas defendida por el gobierno del presidente Joe Biden.

El fallo 7-2 anuló la decisión de un tribunal inferior de anular la disposición, parte de un estatuto de inmigración más amplio, en un caso que involucra a un hombre de California llamado Helaman Hansen que engañó a inmigrantes a través de un programa falso de "adopción de adultos". El tribunal de primera instancia había dictaminado que la ley era demasiado amplia porque puede criminalizar el discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La medida prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a "venir, ingresar o residir" ilegalmente en los Estados Unidos, incluso con fines de lucro.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien escribió el fallo, dijo que la ley no prohíbe una cantidad sustancial de expresión protegida.Al respaldar la opinión de la administración sobre la ley, Barrett escribió: "Interpretada correctamente, esta disposición prohíbe solo la solicitud o facilitación intencional de ciertos actos ilegales".

Los jueces liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor discreparon de la decisión. El caso fue uno de los dos fallos relacionados con inmigración emitidos por la corte el viernes. Los jueces también confirmaron la decisión del gobierno de Biden de reducir el alcance de aquellos que pueden ser objeto de arresto y deportación por parte de los agentes de inmigración, un cambio que había sido cuestionado por los fiscales generales republicanos en Texas y Luisiana. El tribunal dijo que esos estados no tenían capacidad legal para impugnar las nuevas pautas.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, desestimó la condena de Hansen de 2017 por violar la medida. Hansen también fue declarado culpable de fraude postal y electrónico y sentenciado a 20 años de prisión. Hansen estaba fuera de prisión en espera de su apelación.

Los fiscales federales acusaron a Hansen de engañar ilegalmente a los inmigrantes en los Estados Unidos al prometerles entre 2012 y 2016 que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de "adopción de adultos" operado por su negocio con sede en Sacramento, Americans Helping America Chamber of Commerce.

La fiscalía dijo que Hansen persuadió a al menos 471 personas para que se unieran a su programa, cobrando a cada una de ellas hasta US$10.000 a pesar de que "sabía que las adopciones de adultos que promocionaba no conducirían a la ciudadanía estadounidense". Hansen y su programa recaudaron más de US$1,8 millones a través del esquema, dijeron las autoridades.

En la decisión que anuló la ley, el Noveno Circuito dictaminó que criminaliza incluso el discurso común, como decirles a los inmigrantes que están en el país ilegalmente: "Los animo a residir en los Estados Unidos", o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. El Noveno Circuito confirmó las otras condenas de Hansen y ordenó que se vuelva a sentenciar.

La decisión del Noveno Circuito se aplica en el grupo de estados occidentales sobre los que tiene jurisdicción, incluidos Arizona y California, que limitan con México. La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Denver, también falló en contra de la ley en un caso separado.

La administración de Biden argumentó que la ley no cubre ciertos escenarios hipotéticos relacionados con el Noveno Circuito, como simplemente alentar a los inmigrantes ilegales en el país a permanecer en los Estados Unidos o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles.

La administración instó a los jueces a restaurar una "herramienta importante para combatir las actividades que exacerban la inmigración ilegal", particularmente debido al alto volumen de litigios y procesos penales relacionados con la inmigración que ocurren en los estados cubiertos por el Noveno Circuito.

Varios grupos de defensa de la libertad de expresión, libertarios y de la prensa habían presentado informes respaldando a Hansen, instando a los jueces a no confiar en las promesas del gobierno de enjuiciamientos limitados. Estos grupos argumentaron que la ley amenaza a abogados, médicos, académicos y cualquier otra persona que hable a favor de la inmigración.