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En el Congreso hay una serie de iniciativas que abordan distintos temas que han aflorado a raíz de estas nuevas plataformas
A días que se retome el debate legislativo en Chile, el fallo de un tribunal de Londres, que determinó el viernes que Uber deberá considerar a un grupo de personas como “trabajadores”, dándoles el derecho de recibir pago por vacaciones, licencias por enfermedad y salario mínimo, volvió a poner presión a determinar una regulación que aborde este tipo de plataformas tecnológicas y sus colaboradores.
Como en todo el mundo, este tema ha estado en el centro del debate, pero sin mayores resultados. En el Congreso hay una serie de iniciativas que abordan distintos temas que han aflorado a raíz de estas nuevas plataformas, como la denominada Ley Uber, que considera aspectos técnicos de las firmas de transportes, impulsada por los ministerios de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones.
Pero también han surgido las que intentan clarificar la arista laboral, entre las apps y sus colaboradores. Son dos los proyectos en trámite y que no han logrado recibir luz verde hasta el momento.
Mientras, los actores de la industria coinciden es que es necesaria una regulación amplia, clara y moderna, el fallo en el Reino Unido vino a poner cierta presión sobre el tema.
El caso de Londres no es facilmente homologable a lo que pasa en Chile. Esto -explican desde Uber- por la clasificación del trabajo. Y es que en la nación británica hay tres categorías distintas: empleo, trabajo y proveedor de servicios independientes.
El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó que el fallo “se suma a una diversa jurisprudencia, que no es uniforme”.
“En nuestro país hay escasa jurisprudencia sobre este tema, pero ello no puede ser obstáculo para regularlo. Como Ejecutivo hemos sido activos en avanzar en una regulación innovadora y que no se sostenga sobre los cánones laborales tradicionales”, dijo al ser consultado este lunes.
Proyectos en mesa
A la par de la Ley Uber, que introdujo el Ejecutivo en 2019, existen dos propuestas que ven el ámbito laboral. Una, que ha avanzado más, es la que ingresaron en mayo de 2020 los senadores Manuel José Ossandón, Carolina Goic, David Sandoval y Juan Pablo Letelier, que otorga garantías básicas a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales.
La propuesta fue pulida en la Comisión de Trabajo del Senado y define a las empresas, el tipo de servicios que se entrega y hace diferencia entre trabajadores dependientes e independientes, tocando incluso a las empresas de reparto como Pedidos Ya y Rappi.
Felipe Simonsohn, presidente de la Asociación Chilena de Plataformas Móviles (Achiplam), dijo que es “tremendamente positivo (…) Creemos que este es el camino para la industria; avanzar en proteger esta actividad en beneficio de usuarios prestadores, usuarios finales y plataformas”.
Con plazo para ingresar indicaciones hasta el 5 de marzo, la Comisión de Trabajo deberá debatirlo en particular próximamente.
La otra es la moción parlamentaria impulsada en 2019 por los diputados Giorgio Jackson, Maite Orsini, Gael Yeomans y Raúl Soto, que ya fue despachada a la Sala de la Cámara y está en tabla para ser votada en marzo, pero solo cuenta con el respaldo de la oposición.
Ésta regula el contrato de quienes desarrollan las labores, estableciendo que existe subordinación y dependencia entre la app y el trabajador.
Dado que abordan temas similares, se espera que el debate legislativo decante en uno de solo de estos proyectos, donde el del Senado tendría unos pasos por sobre el de la cámara.
Un precedente
Simonsohn consideró que, si bien las realidades país son distintas, el fallo en el Reino Unido impulsará la discusión local.
“El legislador siempre considera la experiencia internacional en el diseño de la política pública. En este caso particular, tenemos la impresión y esperamos como Achiplam que el debate tome más fuerza”, apuntó.
Aun así, advirtió que “se debe ser cuidadoso” a la hora de mirar las experiencias de otros países con una tradición jurídica diferente a la local
Paula Droguett, legal counsel de Beat Chile, destacó que “una cosa es que exista un precedente judicial y otra muy distinta una ley”.
“Las diferentes leyes laborales deberán ir añadiendo esquemas que consideren el modelo del trabajador independiente, que permita que accedan a mínimos beneficios sociales, sin que ello implique un freno a la economía”, dijo.
La abogada dijo que es necesario “regularizar nuestra operación y tener claras las reglas de ésta”.
Desde la vereda de las apps de delivery, tanto Rappi como PedidosYa estimaron necesaria una regulación moderna, que se adapte a las diferentes realidades de los distintos modelos de negocios.
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