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Elon Musk dijo que contratar a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense violaría las leyes sobre tráfico de armas
Una nueva demanda que acusa a SpaceX de negar ilegalmente la contratación de refugiados y solicitantes de asilo podría poner a prueba la postura del gobierno estadounidense de que la seguridad nacional no permite a las empresas discriminar a los no ciudadanos.
Elon Musk, director ejecutivo de la empresa de cohetes y satélites, dijo en respuesta a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentada el jueves que contratar a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense o posea una tarjeta verde violaría las leyes sobre tráfico de armas.
Su publicación en la plataforma de mensajería X, antes conocida como Twitter, contradice las directrices específicas publicadas por el DOJ en abril, en las que se advertía a los empresarios que invocar el cumplimiento de las leyes de control de las exportaciones no les eximía de cumplir una ley que prohíbe la discriminación por motivos de ciudadanía.
Un representante de SpaceX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes.
Las leyes de control de las exportaciones impiden a las empresas compartir información y tecnología sensible con ciertas personas de otros países.
El caso contra SpaceX parece ser el primero de este tipo presentado por el Departamento desde la publicación de las directrices, que no son jurídicamente vinculantes pero pueden citarse en los tribunales.
En abril y mayo, el DOJ anunció acuerdos sobre demandas similares con General Motors Co y una empresa de servicios informáticos, pero el organismo no había demandado a esas empresas.
Rebecca Bernhard, abogada laboralista con sede en Minneapolis y representante de empresas, dijo que los empleadores sujetos a las leyes de control de las exportaciones suelen ignorar la prohibición de parcialidad basada en la ciudadanía de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que les expone a acciones legales.
"El Departamento de Justicia toma muy en serio las disposiciones antidiscriminatorias de la INA, las aplica con firmeza e interpreta las excepciones [al control de las exportaciones] de forma muy restrictiva", dijo Bernhard.
En la demanda, el DOJ argumentó que de 2018 a 2022, SpaceX en una serie de anuncios de empleo dijo que solo podía contratar a ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas verdes.
Esto desanimó a los asilados y refugiados a solicitar puestos de trabajo en la empresa, y los que lo hicieron fueron rechazados, alegó el departamento. De más de 10.000 contrataciones, SpaceX solo contrató a un refugiado durante ese periodo, según la demanda.
La solicitud también cita comentarios públicos hechos por Musk y otro ejecutivo de SpaceX, como un mensaje de Musk de 2020 en el que decía que "la ley estadounidense exige al menos una tarjeta verde para ser contratado en SpaceX, ya que los cohetes son tecnología armamentística avanzada".
Musk se refirió el jueves a la demanda como "armamentismo del DOJ con fines políticos" Dijo que a SpaceX se le había dicho repetidamente que contratar a no ciudadanos podría ser un delito penal.
Sin embargo, en las directrices de abril, el Departamento de Justicia afirmaba lo contrario: que las leyes de control de las exportaciones no implican la contratación ni prohíben el empleo de "personas estadounidenses", que según la definición de la agencia incluye a los asilados y refugiados porque tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.
El DOJ no citó directamente sus directrices en la demanda frente SpaceX, pero utilizó un lenguaje casi idéntico para describir las supuestas infracciones de la empresa.
"Las leyes y reglamentos de control de las exportaciones no prohíben ni restringen a los empleadores la contratación de asilados y refugiados; esas leyes tratan a los asilados y refugiados igual que a los ciudadanos estadounidenses", dijo el departamento.
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