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Aerolíneas Argentinas
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La norma derogada establecía que todas las jurisdicciones del servicio público debían contratar vuelos por Optar, la agencia mayorista de la línea de bandera
El Gobierno oficializó este martes la derogación de la norma que obligaba a organismos y empresas estatales a contratar a Aerolíneas Argentinas para sus traslados aéreos. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
La norma, que lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, responde a la política de desregulación económica impulsada por el Gobierno, que busca eliminar beneficios exclusivos otorgados a empresas estatales en contrataciones públicas.
A través de la decisión administrativa 1017/2024, el Ejecutivo dejó sin efecto la decisión administrativa 244/2013.
Esta última establecía que todas aquellas jurisdicciones y entidades del Sector Público nacional, entre las que se incluyen aquellas en las que el Estado es parte accionista, compren pasajes de avión mediante los servicios de Optar (Operador Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad Anónima Unipersonal).
Esta sociedad anónima pertenece a la aerolínea de bandera y es la encargada de vender en forma mayorista paquetes turísticos y vuelos al sector privado, como al sector público nacional.
Desde ahora, el Gobierno nacional permite que las oficinas del Estado nacional puedan contratar pasajes para sus funcionarios que requieran el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, a cualquier empresa que ofrezca esa ruta.
La medida entrará en vigencia a partir de este martes, y afecta a todas las dependencias nacionales comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156.
Con esta disposición, las instituciones podrán evaluar nuevas alternativas para cubrir sus necesidades operativas, priorizando criterios de precio y calidad.
En el considerando de la norma, el Ejecutivo enmarca esta decisión en lo establecido por el DNU 70/23, con el que fijó las bases para la desregulación de la economía nacional.
Ese decreto estableció que "las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga".
En esta línea, para el Ejecutivo, esta decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y sus empresas, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones en el mercado.
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