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La vicepresidenta primera del Gobierno español y titular de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, al cargo de Trabajo, Yolanda Díaz.
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EL Ejecutivo español remodeló el sistema de subsidio por desempleo. Se beneficiarán aquellos que estén en búsqueda activa de trabajo y participen en cursos de formación
El Ejecutivo español ha pactado con Bruselas una remodelación del sistema de subsidios por desempleo que ligue su cobro a la aceptación de puestos de trabajo, la búsqueda activa de empleo y la participación en cursos de formación.
Los cuatro meses de interinidad que ha pasado el Ejecutivo en funciones, desde la celebración de las Elecciones Generales del 23 de julio hasta la reciente formación de un nuevo Gabinete, obligan ahora al Gobierno recién conformado a acelerar su agenda de reformas para cumplir los compromisos sellados con Europa. Entre las más inminentes está una ambiciosa reforma del sistema de subvenciones por desempleo que busca condicionar su cobro a la aceptación de ofertas de trabajo y fijar para ellas una cuantía decreciente que incentive la reinserción laboral.
"En las próximas semanas tenemos que completar reformas estructurales, una de ellas muy importante: la del nivel asistencial del desempleo", anticipó ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, durante su participación en una sesión organizada por EY sobre la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Después de todo, la "simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo" es uno de los compromisos sellados por España, dentro del Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, a cambio de las ayudas del programa Next Generation. Concretamente, como parte del cuarto desembolso de ayudas directas que España ultima pedir antes de fin de año. Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, consideran que esta reforma es "esencial" para la consecución del gran objetivo de La Moncloa para esta legislatura: lograr el pleno empleo.
El secretario de Estado reveló que la remodelación del sistema debe comprender varios frentes. De un lado, consideró "fundamental que el subsidio por desempleo se centre en potenciar la actividad", mejorando el papel de "los servicios públicos de empleo para que el apoyo que hace la administración para formarlos y ofrecerles itinerarios personalizados" de reinserción "tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo" por parte del beneficiario. Algo que ya busca la ley pero que en la práctica no se cumple y que sumaría la reforma de las políticas pasivas de empleo a la de las activas.
A partir de ahí, la idea es que "todo el sistema de subsidios de desempleo se reoriente a la incorporación" al trabajo aprovechado que el mercado laboral está maduro, con récord de afiliados a la Seguridad Social, en 21 millones de cotizantes, y problemas para cubrir puestos en ciertos sectores como la construcción.
Finalmente, el secretario de Estado defendió la necesidad de simplificar el actual abanico de subsidios y ayudas teniendo en cuenta la creación del Ingreso Mínimo Vital como nueva palanca principal de las políticas de inclusión que estará disponible para aquellos que agoten el subsidio sin encontrar empleo.
En la actualidad, el subsidio por desempleo es una ayuda dirigida a quienes no tienen derecho a la prestación contributiva de paro, y su cuantía asciende a unos US$525 al mes (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM). A diferencia del paro, que exige haber cotizado al menos 360 días y suma aportaciones por jubilación o cobertura sanitaria, el subsidio solo requiere haber cotizado por desempleo tres meses y no percibir rentas superiores al 75% del salario mínimo. Su duración depende del perfil del beneficiario, pero oscila de 3 a 21 meses si se tienen responsabilidades familiares o hasta medio año si no se tienen. Actualmente lo perciben unas 810.000 personas, la mayoría de más de 50 años.
Desde Economía aseveran que la reforma no restará beneficios a quienes perciben este ingreso público, pero sí incentivará que su cobro vaya dirigido a devolverles al mercado laboral. Para ello, explican, se prevé por ejemplo fijar una cuantía decreciente, y posiblemente compatible con los primeros meses de salario de un empleo, a fin de animar al beneficiario a conseguir un puesto en los primeros días, que es además cuando más fácil es emplearle. Esta es, de hecho, una de las recomendaciones recurrentes que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) viene haciendo a España. La iniciativa, que incluye garantizar que el beneficiario está percibiendo los cursos de formación que se le ofrecen, participando en entrevistas de trabajo y no rechazando sistemáticamente las ofertas que le llegan, podría además rebajar la economía sumergida en España.
Conviene matizar, en todo caso, que la reforma está siendo impulsada conjuntamente por los ministerios de Economía, con Calviño en la doble vertiente de responsable del Plan de Recuperación y presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos: el de Trabajo, en manos de la vicepresidenta segunda, titular de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz; y Seguridad Social, que acaba de pasar de manos de José Luis Escrivá -ahora al cargo de Transformación Digital- a las de Elma Sáiz. Las diferencias de enfoque entre cada bloque prometen tensionar la negociación del texto definitivo, para el que Díaz pone el acento en ampliar la red de seguridad de los desempleados y Calviño en mejorar la eficacia en la reinserción laboral. El plan, eso sí, podría tener el aval sindical pues el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya defendió abiertamente en marzo que los subsidios de desempleo se retiren a quienes rechacen ofertas de trabajo.
La urgencia del Gobierno por remodelar el sistema de subsidios de desempleo, que prevé acometer en "las próximas semanas" como uno de los primeros hitos de la legislatura, responde a que la reforma forma parte del paquete de medidas comprometidas a cambio del cuarto desembolso de las ayudas europeas. Hasta la fecha España ha recibido de la Unión Europea US$40.525 millones en transferencias no reembolsables de los US$86.415 millones a los que opta (más de US$90.908 millones en créditos blandos), en forma de un anticipo de US$9.860 millones y tres primeros pagos semestrales ligados al cumplimiento del calendario de reformas e inversiones incluidas en el Plan de Recuperación. El cuarto pago, por US$10.950 millones, iba a solicitarse a finales del primer semestre de 2023, pero la convocatoria anticipada de Elecciones Generales supuso la disolución de las Cortes y dejó en el limbo, o pendientes de aprobación, algunas de las medidas ligadas al cuarto pago.
Es el caso de la reforma de nivel asistencial del desempleo, que el nuevo Ejecutivo busca impulsar ahora cuanto antes para poder reactivar la solicitud de los US$10.950 millones pendientes y retomar el calendario de desembolsos previsto hasta 2026. Es importante destacar, en todo caso, que el retraso en los cobros no debería retrasar la ejecución del Plan puesto que el Gobierno viene anticipando presupuestariamente los fondos, vía deuda, a razón de más de US$21.900 millones por ejercicio. Hasta la fecha, según Economía, se han adjudicado ya proyectos por más de US$32.800 millones.
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