Destituidos y buscados por la justicia: ser presidente es un trabajo peligroso en Perú

Incluso en el contexto de América Latina, una región conocida por la inestabilidad política, el caso de Perú llama la atención. Todos los presidentes electos en las últimas cuatro décadas han sido acusados, encarcelados o buscados en investigaciones criminales.

El miércoles, Pedro Castillo se sumó al listado cuando su intento de disolver el Congreso fracasó, fue derrocado horas después y luego lo detuvieron mientras intentaba huir a la embajada de México. Los fiscales dicen que podría enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel.

Ahora se encuentra detenido en la misma base policial donde está recluido el expresidente Alberto Fujimori. En 2019, el expresidente Alan García se suicidó cuando la policía llegó a su casa a buscarlo.

Perú ha tenido seis presidentes en menos de cinco años, desde principios de 2018, en parte porque la Constitución hace que sea más fácil destituir a un jefe de Estado que en casi cualquier otro país. De esos seis, dos fueron elegidos y cuatro asumieron cuando alguien más fue expulsado.

El congreso unicameral de 130 legisladores puede acusar a un presidente por “incapacidad moral permanente” si más de dos tercios de ellos respaldan la moción.

Los presidentes rara vez obtienen un mandato fuerte de los votantes y, a menudo, se ven obligados a tratar de gobernar sin una coalición sólida en el Congreso. La corrupción también está generalizada, y cuatro expresidentes han sido investigados por el escándalo de Odebrecht, luego de que el gigante brasileño de la construcción admitiera haber pagado a líderes en toda América Latina.

Caídos en desgracia

Pedro Castillo (2021-2022)

Castillo desencadenó una crisis cuando trató de adelantarse a un tercer intento de juicio político en su contra disolviendo el Congreso para gobernar por decreto. El tribunal constitucional de Perú describió la acción como un golpe de Estado, el Ejército y la Policía no quisieron respaldarlo y sus ministros renunciaron en masa.

El Congreso votó abrumadoramente para deshacerse de él, incluso algunos miembros de su propio partido respaldaron la moción, y terminó el día detenido por la policía. Los fiscales ahora quieren una larga pena de cárcel por el presunto delito de rebelión. Ya estaba siendo investigado por otros cargos, como concertarse para delinquir y tráfico de influencias.

Manuel Merino (10-15 noviembre 2020)

La Fiscalía abrió una investigación a Merino por la muerte de dos manifestantes durante la violenta represión de las protestas contra el derrocamiento de Martín Vizcarra. Dos estudiantes universitarios fueron asesinados y decenas más resultaron heridos en las protestas en Lima el 15 de noviembre para pedir la renuncia de Merino, que se produjo al día siguiente. Francisco Sagasti asumió como presidente interino durante unos 8 meses.

Martín Vizcarra (2018-2020)

En 2020, los fiscales comenzaron a investigar las denuncias de que aceptó 2,3 millones de soles (US$600.000) en sobornos a cambio de ayudar a las empresas de construcción a ganar contratos cuando era gobernador regional, de 2011 a 2014. Sobrevivió a un juicio político en septiembre de 2020, pero fue destituido dos meses después.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)

Kuczynski es uno de los cuatro expresidentes peruanos implicados en el escándalo de Odebrecht. Los fiscales lo acusaron de ayudar a la constructora brasileña a ganar dos contratos de infraestructura mientras se desempeñaba como ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Sobrevivió a una votación de juicio político en 2017, pero renunció en 2018 en vísperas de otra.

Ollanta Humala (2011-2016)

Los fiscales acusaron a Humala y su esposa de recibir US$3 millones de Odebrecht para financiar su exitosa campaña presidencial de 2011, así como de lavar dinero durante su intento fallido de 2006. Fue el primer expresidente del país en ser acusado como parte de la investigación y actualmente está a la espera de juicio.

Alan García (1985-1990/2006-2011)

En el caso de García, los fiscales alegaron que lideró una red de funcionarios corruptos durante su segundo gobierno, recolectando sobornos y ayudando a Odebrecht a ganar contratos que incluían una línea de tren ligero de US$1.000 millones. Un juzgado ordenó su detención en 2019 y se suicidó cuando la policía llegó a la puerta de su casa en Lima.

Alejandro Toledo (2001-2006)

Los alguaciles estadounidenses arrestaron a Toledo en julio de 2019 con US$40.000 en efectivo en una maleta. Fue liberado de la cárcel en 2020 después de que un juez dictaminara que corría el riesgo de contraer coronavirus si permanecía bajo custodia. Los fiscales en Perú lo acusaron de recibir hasta US$30 millones en sobornos de Odebrecht.

Alberto Fujimori (1990-2000)

Fujimori actualmente cumple una sentencia de 25 años por ordenar el asesinato de presuntos simpatizantes de terroristas y también fue condenado por cargos relacionados con corrupción. Fue indultado por Kuczynski en 2017, pero la decisión fue posteriormente anulada por la corte suprema del país.