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Sin embargo, la tasa de crecimiento del saldo de las obligaciones financieras permaneció estable si se consideran otras crisis económicas
La crisis económica derivada de la pandemia de covid-19 obligó a los gobiernos estatales a contratar obligaciones financieras.
Sin embargo, la tasa de crecimiento de la deuda pública al cierre de marzo del presente año permaneció estable si se consideran otras crisis económicas o previo a la entrada de la Ley de Disciplina Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016 y con efectos a partir del 2017.
En términos reales, significó un aumento anual de 2,1%, la mayor variación, para igual periodo de comparación, desde el 2017, cuando la deuda estatal incrementó 3,1%. En las crisis económicas de 1994 y 2019, el saldo de las obligaciones financieras creció arriba de 40 y 20%, respectivamente.
Lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera. La crisis económica por la contingencia sanitaria influyó en el alza de la adquisición de deuda estatal, pero debido al marco legal de la Ley de Disciplina y sus diferentes mecanismos de control, lo cual impide el aumento insostenible del endeudamiento público, este indicador financiero no detonó como en otras crisis.
Además, por el proceso electoral para gobernador en 15 estados, las administraciones salientes deben liquidar sus créditos de corto plazo. Alrededor de tres cuartas partes de la deuda contratada se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, recordando que bajaron tanto los recursos federales como los ingresos propios.
Asimismo, al cierre del primer trimestre del 2021, Durango fue la única entidad que registró cambios en el Sistema de Alertas (mide el nivel de endeudamiento) respecto a igual periodo del año pasado, al pasar de endeudamiento sostenible (semáforo verde) a endeudamiento en observación (amarillo), es decir, empeoró en este indicador.
Con Durango, se ubicaron en observación Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo; ningún estado está en endeudamiento elevado (semáforo rojo).
Por entidad, 15 de 32 aumentaron sus financiamientos. Las mayores variaciones se dieron en Yucatán (81,3% a tasa anual real), Guanajuato (62,5%) y Jalisco (39,8%).
Les siguieron Aguascalientes (15,5%), Durango (14,4%), Michoacán (8,6%), Colima (7,5%), Estado de México (6.1%), Tamaulipas (5,8%), Veracruz (3,1%), Nuevo León (3,1%), Oaxaca (2,6%), San Luis Potosí (1,8%), Baja California (1,5%) y Tabasco (0,7%).
Mientras las principales caídas se observaron en Querétaro (-39,6%), Nayarit (-21,6%), Guerrero (-18,1%), Baja California Sur (-16,4%), Sinaloa (-13,1%), Zacatecas (-10,4%) e Hidalgo (-10,1%).
Las otras disminuciones fueron en Chihuahua (-7,3%), Puebla (-7,0%), Campeche (-6,6%), Chiapas (-5,3%), Morelos (-5,2%), Sonora (-4,2%), Quintana Roo (-3,5%), Coahuila (-2,7%) y Ciudad de México (-0,9%). Tlaxcala no cuenta con financiamientos y obligaciones.
Al cierre del primer trimestre del 2021, Durango fue la única entidad que registró cambios en el Sistema de Alertas respecto a igual periodo del año pasado, al pasar de endeudamiento sostenible (semáforo verde) a endeudamiento en observación (amarillo), es decir, empeoró en este indicador.
Además de Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo se ubicaron en observación; ningún estado está en endeudamiento elevado (semáforo rojo).
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición (ILD).
La Ley de Disciplina Financiera establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas. El nivel de endeudamiento de la entidad se clasifica en sostenible, en observación y elevado.
Si es sostenible, como máximo podrá incurrir en un endeudamiento adicional equivalente a 15% de sus ILD; en observación, de 5%, y si es elevado no podrá contratar financiamiento adicional. El financiamiento debe ser el aprobado por el Congreso local.
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