Ecuador detiene a ocho exfuncionarios petroleros acusados por presunto soborno

Durante la noche, un equipo de fiscales y policías liderado por la fiscal general, Diana Salazar, registró residencias y oficinas en tres ciudades ecuatorianas, incautando computadoras y efectivo, y deteniendo a ocho funcionarios y exfuncionarios de alto nivel bajo sospecha de crimen organizado.

Entre los detenidos están: Pablo Celi, actual contralor general, el exministro de Energía José Agusto Briones, y Pablo Flores, exdirector general de la estatal Petroecuador, la empresa más grande del país.

“Lo que estamos viendo finalmente, es una Fiscalía que actúa en función de los datos y de la información que posee”, dijo Mauricio Alarcón, abogado y director de la Fundación Ciudadania y Desarrollo, una ONG con enfoque en transparencia. Los detenidos podrían ser liberados pronto, dado que en este momento las detenciones son solo para fines de investigación, señaló.

Los fiscales y la policía registraron 25 propiedades en Quito, Guayaquil y Samborondon, según mensajes de texto del departamento de prensa de la Fiscalía. El presidente, Lenín Moreno, dijo a través de Twitter que había sido informado de la investigación y que seguiría respetando la autonomía del poder judicial.

La investigación de corrupción, en la que la Fiscalía comenzó a trabajar en junio de 2019, es el último de varios casos de corrupción que se han investigado en Estados Unidos desde 2017 y que involucran a Petroecuador.

Los escándalos incluyen declaraciones de culpabilidad y acuerdos por parte de los comerciantes de materias primas Gunvor Group Ltd. y Vitol Group en respuesta a los cargos de soborno a funcionarios de la empresa estatal con la finalidad de ganar acuerdos petroleros. Desde entonces, Petroecuador ha roto lazos con ambos comerciantes.

Un portavoz de la Fiscalía dijo que no podía comentar si las redadas estaban relacionadas con las revelaciones de sobornos que vinculan a Vitol y Gunvor con Petroecuador.

El 24 de mayo, Moreno será sucedido por Guillermo Lasso, el primer conservador fiscal en gobernar el país sudamericano en casi dos décadas.

A mediados de 2017, al comienzo su mandato, Moreno se mantuvo alejado de las investigaciones que finalmente llevaron a una pena de prisión de seis años para Jorge Glas, su vicepresidente. En tanto que su propio predecesor, Carlos Polit, huyó a Miami. En ese momento Celi jugó un papel activo en las investigaciones de funcionarios junto con Salazar.

Lucha contra la corrupción

Una mayor autonomía de la Fiscalía dará lugar a una renovada actividad de investigación en Ecuador y el ataque de Salazar casi de inmediato “es producto del resultado electoral”, dijo Alarcón. “Guillermo Lasso da una sensación de tranquilidad, de estabilidad y de independencia de las funciones y de las instituciones que ha permitido que, casi con carácter inmediato, la Fiscalía empiece a actuar”.

En una carta fechada el 11 de abril al ministro de Energía, René Ortiz, el director general de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, dijo que la compañía “prioriza la lucha contra su corrupción interna” con la finalidad de “poner fin a la enorme e intolerable corrupción” que aflige a la empresa desde hace años.

Petroecuador ha cooperado en las investigaciones de varios casos de soborno y lavado de dinero, incluida la construcción de un oleoducto multipropósito por parte de la constructora brasileña Odebrecht SA, los casos Vitol y Gunvor, y el soborno por parte de funcionarios de la aseguradora estatal Seguros Sucre.

Desde el escándalo de Gunvor, Petroecuador ha solicitado declaraciones juradas a PTT International y Petrochina indicando que las empresas y sus empleados “no tenían relación con los posibles hechos de corrupción” relacionados con el caso, según la carta de Maldonado.

En enero, poco antes de que terminara la fusión entre Petroecuador y su contraparte upstream Petroamazonas, los documentos confidenciales presentados en esta última fueron triturados, aunque existen copias de seguridad digitales, se lee en la carta.

Mientras tanto, la sede de la Contraloría en la capital todavía está parcialmente en ruinas después de que los pirómanos la quemaron al amparo de los disturbios por el combustible en octubre de 2019.

Un portavoz de la Contraloría General dijo que no sabía quién reemplazó a Celi, ya que no se le había informado oficialmente más allá de la información de la fiscalía en las redes sociales.