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El presidente Guillermo Lasso aseguró que se está intentando un Golpe de Estado y usará los recursos legales para detener el vandalismo
Después de 12 días de protestas, el sector productivo de Ecuador ya ha perdido más de US$135 millones, según un informe expuesto por el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, y recogido por Atrevia.
Se estima que alrededor de US$40 millones de las pérdidas corresponden al sector petrolero con los bloqueos de los pozos de la estatal petrolera Petroecuador.
Además, el turismo ecuatoriano ha cancelado hasta un 80% de las reservaciones y solo en este sector se pierden alrededor de US$3 millones diariamente.
Este martes se conoció que un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno de Guillermo Lasso está presionando por la destitución del presidente conservador, después de casi dos semanas de masivas protestas encabezadas por grupos indígenas que exigen precios más bajos del combustible y de los alimentos.
El Legislativo necesita 46 firmas de respaldo al pedido de destitución del mandatario para que se convoque un debate.
Su destitución en sí requeriría el apoyo de 92 de los 137 legisladores de la Asamblea y el propio Lasso también puede disolver la legislatura y convocar elecciones.
El presidente Lasso aseguró este viernes en un corto mensaje que con la protestas se está intentando un Golpe de Estado en su contra y que usará todas las medidas legales que sean necesarias para contener el vandalismo.
Hasta ahora, se estima que los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública han dejado al menos seis muertos y más de 100 heridos.
"Mientras las organizaciones sociales y el Gobierno no definan un acuerdo, las manifestaciones seguirán ocasionando pérdidas económicas, fragilidad social y política y, el riesgo país aumentará, generando mayor empobrecimiento", dice el documento de Atrevia.
Agrega que la polarización política ha aumentado, y que eso lleva a que los movimientos indígenas convoquen diariamente a la mayor cantidad de sus comunidades, mientras los sectores productivos liderados por las cámaras de comercio e industrias han llamado a la conciliación por el bienestar de los ciudadanos y respetando la Constitución de la República.
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