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Estados Unidos sancionó a 100 funcionarios nicaragüenses por participar en el cierre de una universidad popular y el encarcelamiento de un obispo
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó el sábado a 100 funcionarios municipales nicaragüenses acusados de violación a los derechos humanos en su participación en el cierre de una universidad popular y el encarcelamiento de un destacado obispo.
Las sanciones, cuya sanción incluye la prohibición de viajar a Estados Unidos, están acusados de reprimir a ciudadanos y cerrar espacios cívicos como la Universidad Centroamericana (UCA), fundada por jesuitas y cuyos bienes fueron incautados por el gobierno esta semana.
El gobierno encarceló hace un año al obispo Rolando Álvarez, un feroz crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega que fue sentenciado a 26 años de cárcel.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que los funcionarios sancionados permitieron o facilitaron campañas violentas, detenciones injustas y restricciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.
"Seguimos pidiendo la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y el fin de la represión sistemática", agregó el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en sus cuentas de redes sociales.
El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tema.
Washington ya ha sancionado a las principales figuras de la administración de Ortega, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, tres de sus hijos, altos funcionarios del gobierno y a altos mandos de la policía y el ejército nicaragüense. La Unión Europea y Canadá se han sumado a esas sanciones.
La UCA, la única universidad no controlaba el gobierno, fue fundada por jesuitas en 1960. La casa de estudios cuna de una rebelión estudiantil contra el gobierno en el 2018, que las fuerzas de seguridad de Ortega reprimieron violentamente.
Desde entonces, la universidad ha sido despojada de fondos públicos y sus principales funcionarios han sido bloqueados de regresar al país cuando han salido en viajes de negocios.
"Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua, y mantenemos nuestro compromiso de promover las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto a sus derechos humanos", afirmó Blinken.
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