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El gobierno argentino está profundizando la intervención estatal en la economía con un proyecto de ley para eliminar la autorregulación del mercado de capitales y que establece la fiscalización estatal permanente. El plan también obliga a las aseguradoras a invertir parte de su cartera en proyectos productivos y de infraestructura de mediano y largo plazo.
“Estamos aumentando la intervención estatal en los mercados de capitales para proteger a los inversionistas”, aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Sin embargo, los observadores creen que la maniobra busca más bien apoyar los planes del gobierno para reflotar la debilitada economía.
Si el proyecto es aprobado, el Ministerio de Economía decidirá el destino de entre 5% y 30% de la cartera de las compañías por US$13.500 millones.
Los expertos temen que la medida golpee aún más a un mercado que ya es uno de los más pequeños de la región, tras ser duramente afectado por el default y la devaluación de 2001-2002. “El temor que se tiene es que esta regulación en un contexto de cierto enrarecimiento del clima macroeconómico y de mayor intervención estatal constituya un tiro de gracia, al achicar aún más el mercado y el volumen de negocios”, señaló Federico Muñoz, jefe de la consultora Federico Muñoz y Asociados.
Tras el anuncio, el Merval, el principal índice de la bolsa trasandina, cayó 3,6%, su mayor retroceso en once meses, aunque por momentos llegó a perder más de 4%.
Otro punto que causó polémica fue la decisión del gobierno de eliminar el papel de las agencias calificadoras en el mercado de deuda. El gobierno argentino las considera especialmente responsable de los altos retornos que pagan sus bonos, y las autoridades las han acusado de manipular sus recomendaciones para sacar beneficio económico. Bajo el nuevo esquema, ya no serán las agencias las que caliquien los bonos, sino la Comisión nacional de Valores (CNV), con el apoyo de las universidades.
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