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Carles Puigdemont, líder de Junts se beneficiará con la Ley de Amnistía.
El tratado entre las fuerzas políticas compromete básicamente el desarrollo de una Ley de Amnistía para todos los implicados en el procés independentista
El Psoe se compromete con Junts a abrir una negociación sobre un pacto fiscal, recogiendo la "singularidad" catalana, que socavaría el actual sistema de financiación autonómica. Restar la aportación neta de Cataluña a la caja común dejaría sin recursos a otras cuatro comunidades.
El acuerdo entre Psoe y Junts firmado ayer compromete básicamente el desarrollo de una Ley de Amnistía para todos los implicados en el procés independentista catalán a cambio de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La estabilidad de la legislatura, sin embargo, descansa -como se encargó de advertir Carles Puigdemont desde Bruselas- en los "avances y cumplimientos" en torno a una batería de propuestas que se ha pactado discutir y que van desde la autonomía fiscal de Cataluña a la celebración de un referéndum de autodeterminación.
En el plano económico, en concreto, Junts plantea la cesión del 100% de los impuestos cobrados en la región a la Generalitat y el diseño de una suerte de cupo que arrogue a Cataluña de singularidades tributarias como las que gozan, por motivos históricos, País Vasco y Navarra. Un escenario que haría saltar por los aires el actual sistema de financiación autonómica y que ayer hizo encender las alarmas a los Inspectores de Hacienda del Estado.
Así, el desarrollo de la letra pequeña del pacto se fía a la apertura, este mismo mes, de una mesa de negociación tutelada por un mecanismo internacional que acompañe, verifique y haga seguimiento del diálogo y los acuerdos alcanzados por Psoe y Junts, entre los que destacan varios hitos de corte fiscal. El documento detalla que "Junts propondrá de entrada una modificación de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación Autonómica) que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan" en la región.
La propuesta supone rescatar las aspiraciones maximalistas del independentismo catalán que el expresident Artur Más ya planteó en el Pacto Fiscal presentado Mariano Rajoy en 2012 y que el Gobierno del PP rechazó.
El planteamiento pasa por diseñar para Cataluña una suerte de régimen fiscal propio, similar al que históricamente han disfrutado los territorios forales de País Vasco y Navarra; traspasarle el aprovechamiento y gestión de todas las figuras tributarias aplicables en la región; y abrir la puerta a la creación de una Agencia Tributaria catalana que funcione con autonomía e independencia del sistema fiscal nacional.
El cumplimiento de las aspiraciones fiscales de Junts socavaría el actual sistema de financiación autonómico, del que Cataluña es el segundo gran financiador. De hecho, los flujos entre las comunidades autónomas de régimen común indican que en el saldo entre pagos y cobros de la caja común, solo tres regiones, aquellas con mayor renta per cápita del país, son aportantes netas.
Se trata de Madrid, que inyecta al resto del país US$6.746 millones; Cataluña, que aporta US$2.136; y Baleares, con US$356 millones, según los últimos datos disponibles, recopilados en el informe La liquidación de 2021 del sistema de financiación del as Comunidades Autónomas de Régimen Común, elaborado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios sobre la Economía Aplicada (Fedea). El resto de autonomías complementan sus recursos con los US$9.618 millones aportados por estas tres regiones y los más de US$11.328 inyectados por el Estado para poder sufragar sus servicios. Sacar a Cataluña de la ecuación dejaría al sistema autonómico sin uno de sus pilares de ingresos, restando los recursos equivalentes a los que reciben Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia.
Esta posibilidad generó el "rechazo frontal y absoluto" de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que alertó del riesgo de "ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles" que recoge la Constitución, y de la generación de "comunidades autónomas de primera y segunda". Los Inspectores temen que la negociación implique "la cesión de todas las competencias" de la Agencia Tributaria a Cataluña, lo que vienen advirtiendo de que dificultaría la gestión de los impuestos, elevaría el riesgo de fraude fiscal y perjudicaría las labores de su colectivo.
Los Inspectores cargan con dureza, además, sobre la pretensión de un cupo catalán "que no queda amparada en nuestra Norma Fundamental", en el "marco de unos acuerdos que sirven de contrapartida a los votos" que requiere el candidato, lo que tachan de "abuso de poder y de las instituciones" en un "trato de favor, sin ningún amparo legal".
En el acuerdo, en todo caso, el Psoe propone como alternativa a los planes de Junts discutir "medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación" en la región, lo que podría acabar suavizando el alcance de los acuerdos que terminen sellándose en materia fiscal.
Los compromisos en materia fiscal pactados ayer por el Psoe con Junts a cambio de sus siete votos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se suman a las cesiones ya acordadas con ERC, entre las que destaca la condonación de US$16.000 millones de euros de deuda de Cataluña con el Estado, el equivalente a 20% de su deuda pendiente con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La fórmula supone una compensación a las autonomías por el impacto de la crisis financiera que los socialistas han prometido extender al resto de regiones, lo que según la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) podría traspasar US$49.160 millones de deuda autonómica al Estado. La factura estatal de los acuerdos de investidura se verá incrementada, además, por la pérdida de US$1.389 millones en el cobro de intereses de la deuda catalana, que podría superar los US$3.740 millones al sumar al resto de regiones.
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