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Se necesitaba mayoría absoluta (al menos 176 diputados) para levantar el veto del Senado, y ha salido adelante con 177 votos a favor
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a definitivamente la proposición de ley de amnistía tras seis meses de tramitación de la norma.
La Ley de Amnistía ha pasado hoy en el Pleno del Congreso su última votación parlamentaria, en la que se necesitaba mayoría absoluta (al menos 176 diputados) para levantar el veto del Senado, y ha salido adelante con 177 votos a favor y 172 en contra tras un bronco debate al que han asistido como invitados el líder de ERC, Oriol Junqueras; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y otros dirigentes independentistas.
El debate, que duró hora y media, fue tenso y en el mismo se escucharon gritos y calificativos como "enemigos España", "filonazis" o "traidor".Armengol debió llamar en varias ocasiones al orden y reprochó a los parlamentarios el mal ejemplo que se estaba dando a la ciudadanía.
La norma, una iniciativa pactada por el Psoe con Junts y ERC y que permitió hace seis meses la investidura de Pedro Sánchez, estará en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el próximo viernes o el sábado para su entrada en vigor.
El objetivo de la ley es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones independentistas, por lo que una que vez que salga en el BOE se levantarán de inmediato medidas cautelares y órdenes de detención, y los jueces dispondrán de dos meses para aplicarla a cada caso concreto, aunque los plazos pueden ser más inciertos.
En concreto, la ley prevé el olvido -traducción de la palabra griega "amnestia"- de los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca desde la organización del 1-0 o las cargas policiales para impedirlo hasta las masivas protestas contra la sentencia y los disturbios que desataron.
El momento más tenso se produjo a raíz de un cruce de reproches entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado de Sumar Gerardo Pisarello. Así, Abascal, al término de su intervención, aludió a que Pisarello, cuando era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, "arrancó la bandera de España". Añadió que este diputado "odia profundamente a España" y "viene a disimular y a participar en un intento de romper la convivencia en nuestra patria", en alusión a que este representante político es nacido en Argentina.
Pisarello pidió entonces la palabra y dijo que era "nieto de republicanos andaluces" y que se sentía "orgullosamente latinoamericano". Indicó que quienes viven en España y son originarios de otros países no aceptan "ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento", en alusión al líder de Vox, informa Servimedia.
Estas palabras provocaron las quejas de los representantes de Vox, cuyo diputado José María Figaredo pidió la palabra. La presidenta del Congreso no se la dio y se inició entonces un cruce de reproches entre los diputados del partido de Abascal y los de Sumar.
Esto llevó a Armengol a llamar la atención a los asistentes y asegurar que los ciudadanos no se merecían "estos gritos y estos insultos". "Esto no es posible!, se quejó la presidenta. Quien añadió que "el ser demócrata implica escuchar al diferente".
La aprobación final de la amnistía también dio lugar a reproches entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el Psoe, que se acusaron de ceder a los independentistas o de sucumbir a los "filonazis". Feijóo definió la amnistía como un acto de "corrupción política" que constituía un "acta de defunción del Psoe". Indicó que esto era así porque la "ambición" de Sánchez había llevado a ceder a lo que reclamaba el "1,6% de los españoles", por los votantes de Junts y su exigencia de este borrado de los delitos para apoyar la investidura del presidente.
Por su parte, en nombre del Psoe, su diputado Artemi Rallo, advirtió a Feijóo de que será devorado por "bestia neofascista" que recorre España y la UE, en alusión a Vox y a los partidos de ultraderecha que los sondeos apuntan que subirán en las elecciones europeas de junio. También se refirió a los integrantes del partido de Abascal como "filonazis" y les acusó de apoyar el "genocidio palestino en Gaza".
Asimismo, Míriam Nogueras, de Junts, señaló que esta jornada era un "día histórico", pero que la amnistía no resolvía el "problema de fondo", que dijo que era el "reconocimiento nacional" de Cataluña. Añadió que ahora estaba "más claro que nunca" que la independencia depende de los catalanes y no de las instituciones españolas.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también habló de "día histórico" y sostuvo que borrar los delitos del 'procés' constituía la "primera derrota del régimen del 78", en referencia al sistema democrático que emana de la Constitución vigente.
En cuanto a otros partidos, Jon Iñarritu, de EH Bildu, señaló que la amnistía revertía una "enorme injusticia", mientras que Mikel Legada, del PNV, pidió "menos sal gruesa" al PP, porque puede beneficiarse de esta medida en el futuro. Asimismo, Javier Sánchez, de Podemos, emplazó a Sánchez a actuar contra el sector judicial "reaccionario" ahora que se ha aprobado la amnistía.
La amnistía abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont, siete años después de su huida a Bélgica y tras varios intentos infructuosos de la justicia española por traerlo a España para juzgarle por el procés, que el expresident ha logrado frenar hasta ahora escudándose en su inmunidad como europarlamentario. Puigemont podría regresar a España sin temor a ser detenido, aunque todavía no estuviese amnistiado.
Si se cumple la voluntad de las formaciones que han pactado la ley -PSOE, Junts y ERC-, los jueces suspenderán las medidas cautelares de forma automática. Sin embargo, algunos de los destinatarios de la amnistía desconfían y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Cgpj, tanto del bloque conservador como del progresista, avisaron de que el proceso puede no ser tan sencillo.
Los jueces que tengan causas del 'procés' entre manos, con el Tribunal Supremo a la cabeza, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tjue, si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, y el proceso en cuestión quedará en suspenso a la espera de respuesta.
Aunque se da por hecho que esas consultas se producirán, suele ser habitual que primero el juez pida informe a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la ley al caso, según explican a Efe fuentes jurídicas.
Para impedir que esas cuestiones retrasaran la aplicación de la amnistía, la propia ley marca que la suspensión de un procedimiento penal no impedirá el alzamiento de las medidas cautelares que restrinjan libertades y derechos fundamentales.
Si hubiera alguien en prisión, tendría que quedar en libertad de forma inmediata, y el juez debería también anular sin demora cualquier orden de detención en vigor, sea nacional, europea o internacional.
El alzamiento de esas órdenes beneficiaría directamente a los dirigentes del 'procés' que huyeron de la justicia española en 2017:además de Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig.
Pero ese alzamiento automático genera debate entre los juristas, como puso de manifiesto el informe emitido por el Cgpj, aprobado por la mayoría de la que dispone el bloque conservador al no haberse renovado el órgano desde hace más de cinco años.
En su voto particular al informe de la mayoría, los vocales progresistas también alertaron de que si un juez plantea una cuestión prejudicial al Tjue antes de resolver sobre el alzamiento de las medidas cautelares, podría operar el efecto suspensivo del proceso.
La ley establece que la aplicación de la amnistía tendrá carácter "preferente y urgente" y, en todo caso, deberá realizarse en un máximo de dos meses, aunque ese plazo quedaría en suspenso en los casos en los que el juez eleve la norma al Constitucional o a la justicia europea. Es decir, que cualquier decisión quedara a la espera de conocer la decisión del tribunal europeo y todo seguiría igual.
El citado informe del Cgpj, que considera que la norma es inconstitucional y que la amnistía de delitos de terrorismo y malversación podría vulnerar la legislación europea, augura problemas y dificultades en su aplicación.
El Constitucional, donde el plazo medio de resolución es de un año, considera que la amnistía es un asunto prioritario por su calado político, por lo que podría resolver en cuestión de meses. En el Tjue la duración media de los procedimientos en 2023 fue de 17,2 meses, según su informe anual.
Se abre un escenario "imprevisible", como ha admitido este mismo jueves uno de los afectados por la ley, el exlíder de la ANC y exsecretario general de JxCat, Jordi Sànchez.
El posible regreso de Carles Puigdemont, la inhabilitación de Oriol Junqueras, las multas millonarias por el 1-O, las penas de cárcel que se ciernen sobre los manifestantes... la ley de amnistía abre un nuevo ciclo en Cataluña para los independentistas con causas pendientes por el procés.
Aunque no hay cifras oficiales de amnistiables, las que manejan los partidos que negociaron la ley se mueven entre los varios centenares que calculó el Gobierno en marzo a los 1.500 que estima ERC, una vez sumadas a las causas penales las sanciones contables y administrativas. Ninguno de ellos en prisión, aunque los hay con órdenes de búsqueda vigentes.
Tras las reformas del Código Penal que derogaron la sedición, Puigdemont se enfrenta únicamente a un delito de malversación por el procés, que el Supremo estima agravada, con lo que se expone a penas de hasta 12 años de cárcel.
Con la negociación de la ley de amnistía ya en marcha, sumó otro frente judicial, en esta ocasión por un delito de terrorismo: el que el pasado de febrero le abrió el Tribunal Supremo por su papel en la plataforma anónima Tsunami Democràtic que en 2019 organizó las protestas contra la sentencia del procés.
En un escenario judicial complicado en los últimos meses a raíz de la investigación de un juez de Barcelona por los supuestos contactos en Rusia para el procés, el expresident está en el punto de mira ante unos indicios que apuntan al delito de alta traición.
También están pendientes de la amnistía otros de los líderes independentistas huidos: los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, investigados por desobediencia y malversación agravada, Clara Ponsatí -en su caso solo desobediencia, que no acarrea prisión- y Marta Rovira, imputada por desobediencia y terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic y que permanece en Suiza.
Las penas de inhabilitación que se impusieron a los líderes del procés, que salieron de prisión en 2021 tras los indultos, son también susceptibles de ser levantadas con la ley de amnistía, lo que resulta clave para Oriol Junqueras y Jordi Turull, que siguen en primera línea política como líderes de ERC y Junts, respectivamente, pero sin poder presentarse a las elecciones.
Con las reformas penales aprobadas por Psoe y ERC en la pasada legislatura, se anularon las condenas por sedición a los líderes del procés, pero el Supremo estimó agravado el tipo de malversación por el que fueron condenados los exconsellers por el dinero destinado al 1-O, lo que le permitió mantener las penas de inhabilitación: en 2031 expira la de Junqueras y la de Turull, en 2030.
Apenas días antes de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) señalaba para el 1 de octubre el inicio del juicio contra tres cargos de ERC acusados de planificar el referéndum del 1-O: el diputado Josep Maria Jové, el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.
El alto tribunal catalán cumplía así con su obligación formal de marcar el calendario del juicio, aunque hay pocas dudas de que es una de las causas que entra de pleno en la amnistía. Jové, uno de los dirigentes de ERC de más peso, se juega 7 años de prisión, Salvadó se expone a más de seis años y Garriga a penas de inhabilitación.
También por los preparativos del referéndum están procesados una treintena de cargos del "sottogoverno" de Puigdemont, una causa que se abrió hace siete años sin que haya salido aún de la fase de instrucción.
A estos implicados por su relación directa con el referéndum se añaden los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de Feminismos en funciones, Tània Verge. Fue absuelta en 2021, junto a otros cuatro acusados, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio.
El miércoles pasado, víspera de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas dejaba visto para sentencia el procedimiento contable abierto contra 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos Puigdemont, Junqueras y el expresident Artur Mas, por el gasto público destinado al procés, una causa en la que la Fiscalía les pide casi 3,1 millones.
La amnistía permitiría dar carpetazo a ese litigio contable y devolver las fianzas millonarias que se exigieron a los encausados, parte de las cuales fueron avaladas por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas, ICF.
No parece que vaya a suceder lo mismo en el caso de la multa de 5 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Mas y a tres de sus consellers por organizar la consulta soberanista del 9N, en 2014, pues la ley precisa que quedan excluidas aquellas sanciones fijadas en sentencia firme.
De esa forma, en las condenas de Mas, susceptibles de ser amnistiadas, la ley no tendrá efectos prácticos sustanciales: las penas de inhabilitación que le impuso el Tsjc llevan años liquidadas.
El último frente judicial al independentismo lo abrió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que tras varios años investigando a Tsunami Democràtic reactivó la causa hace unos meses, con las negociaciones de la amnistía en curso, al estimar que la organización de las masivas protestas puede suponer un delito de terrorismo.
El magistrado, al borde de la jubilación, remitió la causa al Supremo en lo que atañe a Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagesberg, ambos aforados, y mantiene abierta la investigación a una decena de personas, entre ellas Marta Rovira o Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán.
Cinco de ellos plantaron al juez cuando los citó a declarar la semana pasada: el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez se han ido a vivir a Suiza, el exconseller de ERC Xavier Vendrell reside entre España y Colombia y el informático Josep Cabaní sigue sin ser localizado.
Otra causa por terrorismo es la que tienen abierta los doce CDR para quienes la Fiscalía pide entre ocho y 27 años de cárcel por planear supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña como respuesta a la sentencia del procés.
Sus defensas confían en que los acusados, miembros de una facción radicalizada de los CDR que fueron detenidos en 2019 en el marco de la llamada "Operación Judas", puedan beneficiarse de una de la rendijas que prevé la ley para el terrorismo: el borrado de aquellos delitos que no hayan supuesto graves vulneraciones de los derechos humanos.
Por su menor carga política, es probable que las primeras causas en amnistiarse sean las que afectan a los policías nacionales y guardias civiles vinculados con las cargas del 1-O y su reverso, los manifestantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en los disturbios que en 2019 encendieron Cataluña en protesta por la sentencia del procés.
La principal causa abierta por la intervención policial contra el referéndum está en manos de un juzgado de Barcelona. Están procesados 45 policías nacionales que podrían ser amnistiados, a no ser que la justicia considere que quedan excluidos por infligir un trato inhumano o degradante a los votantes o causar lesiones a un órgano vital, como sería el caso de los agentes acusados de vaciar un ojo a Roger Español con una pelota de goma.
Por otra parte, hay más de 400 manifestantes implicados en los disturbios del procés que están a la espera de la amnistía, según la plataforma Alerta Solidària que representa en los tribunales. Algunos, con condenas que implican su ingreso en prisión, la mayor de ellas de la de Oleksandr S., sentenciado a siete años y medio de cárcel.
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