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La nueva versión del impuesto, incluiría una horquilla de entre 1% y 6%, o posiblemente 7%, en lugar del tipo fijo actual de 4,8%
Los diputados españoles se disponían el jueves a votar los nuevos planes fiscales del Gobierno, que incluyen la prórroga por tres años de un gravamen temporal sobre los bancos, aunque varias de las medidas tenían pocas probabilidades de ser aprobadas en un Congreso de los Diputados muy fragmentado.
Las negociaciones de última hora entre los socialistas, que están en el poder, y varios partidos más pequeños, en los que se apoya el Gobierno en minoría para aprobar la legislación, han aportado poca claridad sobre los detalles del paquete final.
La coalición gobernante se enfrenta a un ejercicio de equilibrio mientras sopesa las concesiones a partidos de todo el espectro con demandas opuestas, como Podemos, izquierdista, y Junts, separatista catalán de centro-derecha.
La pieza central del paquete fiscal pretende garantizar que las grandes empresas radicadas en Españacon una facturación anual de al menos US$790,35 millones paguen un impuesto mínimo de 15% de sus beneficios consolidados, en cumplimiento de una directiva europea.
Sin embargo, se añadió a las enmiendas del proyecto de ley una prórroga de tres años para el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca después de que el Gobierno lograra el apoyo de Junts cediendo la recaudación del impuesto a las administraciones regionales.
En un intento de endulzar la píldora a los partidos de izquierda, la nueva versión del impuesto, que grava el margen de intereses de los bancos, incluiría una horquilla de entre 1% y 6%, o posiblemente 7%, en lugar del tipo fijo actual de 4,8%.
Los planes para una prórroga similar del gravamen temporal impuesto a las grandes empresas energéticas se abandonaron inicialmente tras un acuerdo entre los socialistas y Junts. Esto provocó el enfado de los partidos nacionalistas de izquierdas (ERC, EH Bildu y BNG).
Tras unas acaloradas negociaciones en la Comisión de Presupuestos, que se prolongaron hasta primera hora del martes, el Gobierno se comprometió a publicar un decreto independiente para prorrogar un año el impuesto energético, que requerirá la aprobación del Parlamento.
El Ministerio de Presupuestos dijo más tarde que se había comprometido a mantener un acuerdo con Junts, especificando que habían pactado excluir a las empresas que mantuvieran inversiones destinadas a la descarbonización, lo que permitía que la mayoría de las empresas de servicios energéticos quedaran exentas de pagar el impuesto.
Podemos ha amenazado con tumbar el proyecto de ley del jueves a menos que haya garantías de que Junts votará a favor de la prórroga del impuesto energético, mientras que las empresas energéticas emitieron un comunicado conjunto en el que decían que la prórroga pondría en peligro US$31.679 millones de inversión en energías renovables.
"El Gobierno está tratando de esconderse detrás de Junts per Catalunya para oponerse al impuesto a las energéticas, que en este momento es absolutamente imprescindible", dijo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
El Partido Popular, conservador, y el ultraderechista Vox, acérrimos opositores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, controlan 172 de los 350 escaños de la Cámara Baja, a cuatro votos de la mayoría.
Duffy también estará a cargo de la supervisión de las empresas dirigidas por Musk, que ha participado en la transición de Trump
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