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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido juicio contra el expresidente de Bbva Francisco González, el propio BBVA como persona jurídica
El fiscal del 'caso Villarejo', Alejandro Cabaleiro, ha solicitado este mes al juez Manuel García Castellón que abra juicio oral contra Bbva, el expresidente Francisco González y varios directivos y exdirectivos de la entidad por presuntos delitos de cohecho y de revelación de secretos.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se abra juicio oral contra el expresidente de Bbva Francisco González, el propio BBVA como persona jurídica y otras once personas por cohecho y revelación de secretos en relación con la contratación por parte del banco durante 12 años de la empresa de inteligencia Cenyt, controlada por el entonces policía en activo José Manuel Villarejo.
Ni Carlos Torres ni Onur Genç están imputados en esta causa. El único directivo de BBVA contra el que la Fiscalía pide abrir juicio oral es contra Joaquín Gortari, exjefe de gabinete de Francisco González y actualmente responsable de Auditoría Interna de BBVA.
Según ha adelantado Bloomberg y confirman fuentes jurídicas a Expansión, la investigación "ha dejado claro, amplia e indiscutiblemente" que BBVA debería ir a juicio, según indica el fiscal Alejandro Cabaleiro en un escrito fechado el pasado 17 de mayo.
El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, está intentando cerrar la fase de instrucción desde enero. Pero estaba pendiente de la finalización de unas pruebas periciales. Según fuentes jurídicas, lo lógico es que Fiscalía hubiera esperado a publicar este escrito, que por su contenido es equiparable a un escrito de acusación, al cierre formal de la investigación, que se espera para dentro de unas semanas o meses.
La Audiencia Nacional lleva desde 2019 investigando si BBVA cometió actos delictivos al contratar a Cenyt entre 2004 y 2017. Es decir, si sus altos directivos sabían que Villarejo era policía en activo y si conocían los presuntos medios ilegales que empleaba, como interceptación de comunicaciones y seguimientos personales.
El Ministerio Público considera que hay responsabilidad penal de BBVA en esta causa porque está acreditado que "han fallado los mecanismos de prevención y control de delitos".
"La Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no cumplían, o no respetaban, tales Códigos [de conducta y control interno]", argumenta.
Según la Fiscalía, BBVA contrató a Cenyt "con la expresa aquiescencia de su Presidente Ejecutivo, Francisco González".
"Dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas [las de Francisco González] dentro de la entidad, el presidente autorizó y permitió la actividad de Cenyt, garantizándose un núcleo muy reducido de Altos Directivos y Directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo", explica el escrito.
"Lo cierto es que el proceso seguido [para la contratación de Cenyt] no se ajustó a la normativa, ni para la compra, ni para la contabilización y facturación", añade.
"La instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto, sobrada e indiscutiblemente a juicio del Ministerio Fiscal, que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente a Bbva a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable", concluye.
Si Bbva es condenado se expone al pago de una multa económica.
La Fiscalía considera que hay indicios suficientes de que "no se diseñó mecanismo alguno" ante la posible ejecución de actos contrarios a las normas ordenados por la alta dirección de Bbva.
"Existen abundantes correos en los que se aprecia un trato de favor/confianza ante peticiones del Bbva a la policía, trato del que existen indicios que era conocido tanto por la Alta Dirección, como por el propio Consejo de Administración", dice el escrito.
Durante la audiencia de este martes, los abogados de la firma hicieron importantes anuncios con respecto al futuro de la empresa
Los funcionarios del Departamento de Justicia están dispuestos a impugnar el acuerdo si es necesario y han hecho saber a la empresa sus inquietudes
Delgado, un exsenador, se formó como veterinario y hasta hace poco fue jefe de gabinete del presidente Luis Lacalle Pou
