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"No se trata de crear grandes élites que tengan mucho, sino de hacer una sociedad resistente que tenga capacidad de consumo y de protección de rentas"
La rebaja impositiva para las familias con las rentas más modestas de España se realizará con "rebajas selectivas" en el Irpf, según publica El Mundo, sin deflactar el impuesto.
Respecto a la deflactación del Irpf, medida reclamada en el Congreso por PP y Ciudadanos y aceptada por varias comunidades, algunas gobernadas por el Psoe como la Comunidad Valenciana, fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que se trata una medida regresiva y difícil de compensar.
Así, explican que aun rebajando los tramos del impuesto más bajos, se beneficiarían de ello todos los contribuyentes, ya que todos están sujetos a los primeros tramos. Estas mismas fuentes entienden que habría que compensar la rebaja de impuestos a los contribuyentes con más recursos, pero que hacerlo con la subida de los tramos más altos podría ser confiscatorio y además no sería suficiente para compensar la pérdida de recaudación.
Montero defiende la "justicia social"
Esta medida acompañará al nuevo impuesto a las grandes fortunas anunciado ya por el Gobierno, del que todavía no se conocen muchos detalles ni cómo se aplicará si a través del Irpf o de Patrimonio.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido hoy que "el país necesita un debate importante" y "sosegado" sobre su sistema fiscal, reivindicando la necesidad de "contribuir a la justicia social pero también a la eficiencia económica".
"No se trata de crear grandes élites que tengan mucho, sino de hacer una sociedad resistente que, ante los embates de la economía, tenga capacidad de consumo y de protección de rentas. Que no decaiga la economía", ha argumentado.
Además de recordar que el acceso a la Universidad o una intervención quirúrgica "no puede costearse" por gran parte de la población, ha defendido que "el sistema fiscal es el pegamento del conjunto de la sociedad, donde cada uno aporta en función de su capacidad" y permite "garantizar hacer efectivo el pacto constitucional", garantizando los derechos a la salud, la educación o la vivienda.
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