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La participación del Estado se tradujo con el nombramiento de Carlos Ocaña Orbis como consejero en representación de la Sepi
El Gobierno baraja solicitar un segundo consejero en Telefónica en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi, cuando alcance 10% de su capital que se había marcado como objetivo, que descarta sobrepasar, según ha informado este viernes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.
"Lo veremos en su momento", ha comentado el representante del ejecutivo a los medios de comunicación en la presentación del Kit Consulting a cuenta de la petición de un nuevo sillón en el Consejo de Administración de la empresa que preside José María Álvarez-Pallete.
Hasta ahora, la participación estatal se ha traducido en el nombramiento la pasada semana de Carlos Ocaña Orbis como consejero en representación de la Sepi y en sustitución de Carmen García de Andrés, hasta entonces consejera independiente de la cotizada.
"El Gobierno ha dado instrucciones a la SEPI de hasta dónde quiere llegar en Telefónica", ha remarcado Escrivá preguntado sobre la posibilidad de incrementar el paquete de acciones en la compañía de telecomunicaciones más allá de 10% mandatado.
En estos momentos, a la SEPI le queda 0,926% del accionariado para hacerse con 10% de la firma que se marcó como objetivo el Gobierno de Pedro Sánchez tras la entrada de la compañía saudí STC. Desde el inicio de las compras de las acciones de Telefónica, la SEPI ha gastado casi 2.060 millones de euros por un paquete que asciende a los 512 millones de títulos.
Teniendo en cuenta la cotización de Telefónica sobre los $4,12 euros por acción, el conjunto de acciones del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de unos $2.109 millones de euros (US$2.293 millones), cerca de $49 millones de euros (US$53,2 millones) más de lo que se ha desembolsado hasta ahora.
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