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Por orden de la presidenta Cristina Fernández un equipo de funcionarios trabaja en nuevas alternativas para concretar un desembarco oficial en YPF.
Persiguen dos objetivos: cerrar la compra por la vía negociada de al menos un 33% de la petrolera y dotar al Estado de acciones que lo conviertan en la primera minoría, con preminencia en las decisiones por encima de sus socios.La iniciativa que cosecha a su paso incógnitas legales, económicas y comerciales tanto desde la mirada de funcionarios como de empresarios cercanos al Gobierno está sobre el escritorio del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el del secretario de Energía, Daniel Cameron. De acuerdo con fuentes familiarizadas con su texto, implica la declaración de interés público de hasta un 35% de las acciones de la empresa. En principio, un 25% corresponderían a las de Petersen, de la familia Eskenazi. Y cerca de un 10% de Repsol. Si esa alternativa se concreta, sería el éxodo de la compañía a la cual llegó en 2008 con la bendición del ex presidente Néstor Kircher. Su salida, de todas formas, aún no reúne consenso.
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