España promoverá este mes el tipo mínimo global de 15% en Impuesto de Sociedades

Hacienda prevé acometer antes de final de año la transposición de la directiva europea que impone una tributación mínima sobre beneficio a las compañías que facturen más de 750 millones de euros (US$815 millones) anuales.

La investidura de Pedro Sánchez y la formación definitiva del nuevo Gobierno de coalición entre Psoe y Sumar, tras cuatro meses de competencias limitadas por la condición de Ejecutivo en funciones, ha supuesto el pistoletazo de salida oficial a una legislatura que algunos ministros han comenzado literalmente a la carrera. Una de las mandatarias más atareadas es la nueva vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, que repite como ministra de Hacienda y Función Pública con el desafío de articular unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 en tiempo de descuento y el objetivo de impulsar en paralelo, antes de final de año, el nuevo tipo mínimo global del 15% en la tributación del Impuesto de Sociedades.

El propósito, según confirman a este diario fuentes del Ministerio, es poner en marcha cuanto antes la transposición de la directiva europea sobre la materia que el Gobierno se había comprometido a tener aprobada antes del 31 de diciembre de 2023. El periodo de parálisis parlamentaria abierta desde la disolución de las Cortes por la convocatoria adelantada de Elecciones Generales del mes de julio hasta la formación del nuevo Ejecutivo ha impedido, sin embargo, acometer antes la medida que ahora ya se aboca al retraso. Dado que la trasposición no puede articularse en forma de real decreto ley, para su entrada en vigor inmediata y su posterior revisión en el Parlamento, Hacienda deberá impulsar para ello un proyecto legislativo cuya tramitación parlamentaria impedirá su aprobación definitiva hasta ya entrado 2024, pero la intención es iniciar el proceso cuanto antes.

El tipo mínimo de 15% en el Impuesto de Sociedades es el principal mecanismo del llamado "Pilar 2" de fiscalidad internacional diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que se han comprometido a poner en marcha 138 países de todo el mundo para fijar reglas de tributación comunes para las grandes empresas y multinacionales. El llamado "Pilar 1", aún pendiente de desarrollo, implicaría después el reparto de esa recaudación entre los territorios en que operan las sociedades, aunque no tengan presencia física.

La adaptación de esta regulación a España, que Hacienda sometió a consulta pública en marzo, coincidiendo con el anuncio de Ferrovial de que mudaba su sede a Países Bajos, implica un endurecimiento del gravamen societario para las grandes compañías. Actualmente, en España el Impuesto de Sociedades parte de un tipo nominal general de 25%, rebajado a 23% para las pymes, e incrementado a 30% para entidades financieras y firmas petroleras. El Gobierno ya impulsó un tipo mínimo nacional de 15% (18% para banca y petroleras) sobre la base imponible del tributo (que es la parte del beneficio realmente gravada tras descontar ciertos gastos, amortizaciones o correcciones de valor) a fin de evitar que las grandes empresas acaben pagando por debajo de este umbral aprovechando bonificaciones y deducciones fiscales. La medida patria se aplica sobre las empresas que facturan más de 20 millones de euros (US$ 21 millones) anuales y hasta la fecha ha permitido incrementar la recaudación en 578 millones (US$628 millones). Su afectación implica a unos 450 grupos societarios y 90 grandes empresas, según los datos de la Agencia Tributaria.

El nuevo tipo mínimo global de la Ocde parte de una filosofía similar, pero con el gran objetivo de que igualando los umbrales de tributación en todas las economías desarrolladas, las multinacionales no puedan esquivar sus obligaciones fiscales saltando a territorios con menor presión tributaria. En su caso, la aplicación se impone a compañías con una facturación a partir de los 750 millones (US$815 millones) al año, y supone un gravamen mínimo de 15% sobre una cuantía que se sitúa a medio camino entre la base imponible tradicional española y el beneficio bruto. En concreto, el resultado contable sobre el que se exige ese 15% permite hacer primero relevantes ajustes por intereses, dividendos o bases imponibles negativas.

La Ocde calcula que aplicar el sistema en todo el mundo elevará la recaudación global en más de 200.000 millones (US$217.578 millones). En España afectará a 126 grupos de los que 52 pagan por debajo del umbral. Teniendo en cuenta que las 205 mayores empresas españolas, las que facturan más de 1.000 millones (US$1.087 millones), tributaron a un tipo efectivo de 5,7% en 2021 —último año del que hay datos oficiales— elevar el umbral al 15% promete reforzar la recaudación aunque está por ver que triplique su aportación.

A efectos prácticos, la trasposición de la directiva supondrá activar dos nuevas reglas fiscales sobre las empresas españolas: una, desde 2024 de inclusión de rentas, que exigirá a las matrices de grandes compañías y multinacionales tributar en España al menos 15% de sus resultados, y otra, a partir de 2025, de beneficios insuficientemente gravados para ajustar la carga fiscal sobre sus filiales hasta garantizar el que se alcanza ese umbral mínimo. Este mismo será el marco común que a partir del próximo año comenzará a operar en toda Europa y el grueso de la Ocde.

Primer paso para el incierto plan de Díaz de incrementar la recaudación en 10.000 millones (US$10.878 millones)

Al anunciar el acuerdo de coalición de Gobierno alcanzado entre Psoe y Sumar, la líder de esta última formación y actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció que como resultado del pacto "las grandes empresas pagarán el Impuesto de Sociedades a 15%, pero sobre resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben, no sobre los que nos dicen que perciben, y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal. Lo vamos a hacer para recaudar con esta medida, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros (US$10.878 millones)". En realidad, el texto del acuerdo se limita a comprometer que a lo largo de la legislatura se pondrá en marcha "una reforma global del sistema fiscal español" que, entre otras cosas, "asegurará que se alcanza 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE". Es decir, que España adaptará el marco de la Ocde transponiendo la directiva europea en la materia que es lo que el Gobierno ultima impulsar este mismo mes. A partir de ahí, sin embargo, inspectores fiscales y expertos consultados por este diario dudan de que la medida pueda arrojar una recaudación extra de 10.000 millones de euros (US$10.878 millones) frente a los 32.000 (US$34.812 millones) que ingresa anualmente esta figura. Una posibilidad es que el equipo de Díaz haya estimado que si las empresas que facturan más de 1.000 millones al año aportan 5.500 de esos millones tributando a un tipo efectivo del 5,7%, exigirles el 15% triplicará su aportación arrojando esos 10.000 millones extra, sin tener en cuenta que la Ocde permite ajustes que rebajarían esa cifra y que otros cálculos igualmente preliminares limitan el alza a 2.000 o 3.000 millones. Otra opción es que el tipo mínimo sea solo el primer paso hacia el endurecimiento del impuesto por otras vías.