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Además de autoridad suprema pastoral y doctrinal de la Iglesia Católica, el Papa es también la cabeza de una ‘corporación’ con 2.000 años de historia. Junto a su misión como guía espiritual, Francisco tendrá que hacer frente a otros desafíos más mundanos, en un periodo que no ha sido fácil en el Vaticano.
La Santa Sede se situó el año pasado en el foco de atención cuando el exmayordomo del anterior Papa, Paolo Gabriele,fue detenido y luegocondenado a año y medio de cárcel por el robo de documentos confidenciales, cuya divulgación causó perjuicios sobre la imagen del Vaticano.
A ello hay que añadir el cese de Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Instituto para las Obras de Religión, llamado popularmente el ‘Banco Vaticano’ por “no haber desarrollado funciones de primera importancia para su cargo”.
El escenario es más complicado porque el ‘Banco Vaticano’ se encuentra bajo la lupa de instancias judiciales desde septiembre por presunta vulneración de las normas contra el blanqueo de capitales, aunque la investigación de la Fiscalía de Roma sobre las supuestas actividades de lavado de dinero relacionadas con las operaciones del IOR se remonta a más de dos años.
El IOR administra los bienes de las instituciones católicas en todo el mundo y su ubicación en el Estado Ciudad del Vaticano le coloca fuera de la jurisdicción de los autoridades financieras internacionales. Es gestionado por un director ejecutivo que, a su vez, depende de un comité de cardenales y en última instancia del propio Santo Padre. Es la única institución financiera papal no supervisada por la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede.
La institución vive un momento complicado desde el punto de vista de sus finanzas. pero no es el primero. En los 80 sufrió las turbulencias provocadas por el colapso del Banco Ambrosiano en 1982, del que el Vaticano era un accionista significativo, por una deuda de US$3.500 millones.
Ese año fue procesado Paul Marcinkus, gestor del Banco del Vaticano, como responsable de la quiebra, pero el Vaticano pidió inmunidad diplomática para el arzobispo estadounidense.
A pesar de ello, el entonces secretario de Estado Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli, decidió pagar US$406 millones a los bancos acreedores del Ambrosiano en concepto de “contribución voluntaria”, al considerar que la Santa Sede tenía ante ellos una responsabilidad moral. Lo hizo en contra de la opinión de Marcinkus y de la mayoría de la Curia vaticana.
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