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En su dictamen, por ocho votos contra tres, el Supremo ratifica la decisión de un tribunal de instancia inferior en la que se estipula que el Parlamento británico debe dar su autorización al inicio del proceso de ruptura con la UE, ya que se trata de un paso irrevocable que afecta a diversas leyes en vigor.
De este modo, los jueces rechazan la posición del Gobierno de Theresa May, que pretendía utilizar la denominada "prerrogativa real" para emprender el Brexit de manera unilateral, sin pasar por las cámaras legislativas.
El dictamen supone un triunfo para Gina Miller, ejecutiva de un fondo de inversión que lidera el grupo de personas que comenzó el pleito al entender que Downing Street no podía arrogarse todo el poder en este proceso, después del referéndum consultivo del pasado 23 de junio en que los británicos votaron por el Brexit. Tras ganar el caso en los tribunales de primera instancia, el Gobierno recurrió ante el Supremo, donde los abogados de Miller han vuelto a imponer sus tesis.
No está claro si la sentencia tendrá un impacto significativo en el proceso del Brexit y existe el riesgo de que quede como un dictamen simbólico para expertos en asuntos constitucionales.
Theresa May mantiene su plan para activar en marzo de este año el artículo 50 del Tratado Europeo, que da un plazo de dos años para negociar la salida de la UE. Para cumplir con este calendario tras la sentencia, sin recurrirla ante el Tribunal Europeo de Justicia, la primera ministra podría enviar al Parlamento una Ley con un texto muy breve para que sea aprobada rápidamente por las Cámaras de los Comunes y los Lores. La Ley, de apenas un párrafo, simplemente dirá que se otorga permiso a la primera ministra para activar el artículo 50 del Tratado Europeo.
Los Comunes no se opondrán a ello por dos razones. En su discurso de la semana pasada detallando su plan para el Brexit, May dijo que el Parlamento podrá votar el acuerdo final de ruptura con la UE. De esta forma, la primera ministra desactiva el argumento de que el Parlamento no tendrá voz ni voto en el proceso. El segundo motivo es que, políticamente, poner trabas al Brexit se ha convertido en algo tóxico. La gran mayoría de las circunscripciones de las elecciones parlamentarias votaron a favor del Brexit en el referéndum, y muchos diputados temen ser vistos como traidores si votan contra la activación del proceso.
La única esperanza de poner palos en las ruedas del proceso reside en la Cámara de los Lores, cuyos miembros no concurren a las elecciones. Aunque es poco habitual, los Lores podrían tratar de realizar una emboscada a la breve Ley de Theresa May, planteando diversas enmiendas para poner condiciones. Según el bufete Clifford Chance, la oposición de los Lores al inicio del Brexit (o su aprobación con serias condiciones) retrasaría el proceso un año, período tras el cual los Comunes pueden saltarse la oposición que encuentran sus leyes en la Cámara Alta. "Una derrota en los Lores no frenaría el Brexit, pero lo podría retrasar hasta mediados de 2020", dice Phillip Souta, socio de Clifford.
Además, el Supremo ha determinado que el Gobierno no tendrá que consultar a los Parlamentos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para iniciar el Brexit.
La libra cae frente a dólar y euro tras conocerse la sentencia, ya que los inversores confiaban en que Escocia (región que votó por seguir en la UE) pudiera tener un papel más activo en el proceso y frenar el Brexit.
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