El presidente de Ecuador declaró estado de excepción en siete provincias del país

El gobierno de Ecuador ha implementado nuevas medidas de seguridad ante una escalada alarmante de violencia en varias regiones del país.

El presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias y en todos los centros penitenciarios, como respuesta a una ola creciente de crímenes relacionados con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico.

Las provincias afectadas por esta medida son Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, así como las amazónicas Orellana y Sucumbíos. La capital, Quito, también se encuentra bajo estas restricciones. La decisión, según lo establece el decreto presidencial, obedece a la urgencia de enfrentar el fortalecimiento de bandas armadas que han intensificado sus acciones delictivas en el país.

Entre las disposiciones contempladas en este estado de excepción se encuentra la suspensión de garantías constitucionales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.

Además, se ha establecido un toque de queda nocturno de siete horas en algunas zonas, incluyendo sectores críticos de Guayas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos y el cantón Ponce Enríquez.

Estas acciones se suman a una estrategia de seguridad más amplia que el gobierno viene aplicando desde inicios de su mandato. En enero de 2024, Noboa declaró formalmente un "conflicto armado interno", lo que le otorgó facultades para movilizar a las fuerzas armadas en operaciones de control y combate directo contra grupos criminales.

Actualmente, más de 20 estructuras criminales han sido señaladas por el gobierno como responsables del deterioro de la seguridad pública. Estas bandas, algunas con conexiones internacionales, han sido catalogadas como organizaciones terroristas, lo que permite actuar contra ellas con mayor contundencia.

A esto se suma que los centros penitenciarios del país, en particular en Guayaquil, han sido escenario de motines, fugas masivas y enfrentamientos mortales, lo que ha motivado la inclusión del sistema carcelario en el estado de excepción.

El Ejecutivo ecuatoriano ha asegurado que estas medidas buscan restablecer el orden, garantizar la seguridad ciudadana y desmantelar estructuras delictivas que amenazan la estabilidad nacional. Mientras tanto, organismos de derechos humanos y analistas políticos siguen de cerca la evolución de los acontecimientos y sus implicaciones para el país.