El presupuesto del euro de Merkel y Macron dejaría fuera a la Italia nacionalpopulista

Los Gobiernos de la canciller Angela Merkel y del presidente francés Emmanuel Macron han presentado a sus socios de la Unión Europea un proyecto de presupuesto de la zona euro para financiar inversiones públicas en tiempos de crisis, pero que dejaría fuera a los países que incumplieran las normas fiscales comunitarias.

Si estuviese activo en estos momentos, Italia, cuyo gobierno nacionalpopulista ha decidido saltarse flagrantemente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tendría bastantes dificultades para acceder a él.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para tratar de encarrilar un acuerdo de reforma de la zona euro en diciembre. Tres asuntos principales a debate: crear una red de seguridad común para la Unión Bancaria, dotar de más responsabilidades al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y esbozar ese presupuesto para los países de la moneda única.

De momento, todo está costando mucho más de lo previsto, incluso los puntos que parecían más fáciles, como la red de seguridad o la reforma del MEDE. Por eso lo más probable es que todo acabe con un acuerdo de mínimos en estos dos dosieres.

Como el eurofondo de garantía de depósitos para la banca ni está ni se le espera, las dudas se concentran en el presupuesto de la eurozona. A favor están países como Francia, España, Italia, Portugal, Grecia y, en un gesto de Merkel a Macron, también Alemania. Pero enfrente está la denominada Liga Hanseática, liderada por Holanda y completada por varios países bálticos y del Este.

Los ministros de Economía y Finanzas debatirán hoy una propuesta francoalemana para este instrumento. La idea original es de París, pero según se desprende del breve documento que la esboza, la redacción de los detalles la ha capitaneado Berlín.

En primer lugar ese presupuesto del euro francoalemán trataría de impulsar "un mayor nivel de convergencia y competitividad" y apoyar "las inversiones relevantes y las reformas en los Estados Miembros de la zona euro". Aunque al principio se había especulado con la posibilidad de que este presupuesto financiase una especie de seguro europeo de desempleo -medida apoyada por España-, el documento se centra sobre todo en la inversión pública.

"El presupuesto de la zona euro impulsaría la convergencia e incentivaría la implementación de reformas, en particular cofinanciando el gasto público que mejora el crecimiento, como las inversiones, la investigación y el desarrollo, la innovación y el capital humano", afirma el papel. Este menciona también la "función de estabilización" del instrumento, ya que una de las primeras víctimas presupuestarias cuando llega una recesión es la inversión pública.

En segundo lugar, serían los Estados Miembros en el Eurogrupo y no la Comisión Europea los que decidirían dónde invertir, si bien el Ejecutivo Comunitario tendría que aprobarlos. Y es aquí, a la hora de definir qué se financia y qué no, donde Berlín mete la brida para controlar el caballo: "Los Estados Miembros y los programas solo podrían recibir apoyo del presupuesto de la eurozona si persiguen políticas acordes con sus obligaciones bajo el marco de coordinación de política económica europea, incluidas las reglas fiscales".

Traducido de la jerga europea: Gobiernos díscolos como el italiano no verían ni un céntimo a no ser que se plegaran a las exigencias europeas.

En cuanto al tamaño, el documento de París y Berlín no habla de cifras. Aunque Macron ya dijo en 2017 que querría ver "varios puntos del PIB" de la zona euro en ese bote común, Merkel se encargó pronto de enfriar expectativas. Un punto del PIB son 126.000 millones y la canciller lo rebajó todo hacia el rango bajo de las decenas de miles de millones (20.000 / 30.000 millones a lo sumo).

Y sobre las aportaciones a ese presupuesto, el papel propone una financiación vía impuestos y otros recursos europeos, como el Instrumento Operativo de Reforma (una partida presupuestaria que ya está contemplada en la propuesta de Presupuesto Financiero Multinanual de la UE para 2021-2027 y que cuenta con 22.000 millones de euros).

Pero aquí se vislumbran dos problemas. El primero, que entre esos impuestos solo se menciona uno, el impuesto a las transacciones financieras, que ahora mismo solo apoyan 10 países de los 19 que componen la zona euro. Y esos diez países, que llevan negociando desde 2013, han sido incapaces de ponerse de acuerdo en cómo diseñarlo.

El segundo 'pero' que salta a la vista se refiere al IOR. Si parte de los fondos -la mayor, probablemente- tiene que venir de una partida que ya existiría dentro del presupuesto de la UE, no está nada claro que ese presupuesto del euro cuente con dinero nuevo. Además, los países que no forman parte de la moneda única exigirían garantías de que sus aportaciones no se usan para un instrumento del que no se pueden beneficiar.