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Cuba, Barbados y Brasil, con ingresos tributarios superiores a 30% frente a su PIB, fueron lo países con mayor recaudo de la región
El enorme hueco fiscal que dejó el primer año de pandemia es un tema que ha ocupado las agendas de las economías del mundo durante el primer trimestre del año. De acuerdo con “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021”, el más reciente informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), los ingresos tributarios de la región disminuyeron 11,2% en 2020 con respecto al año anterior.
Las mayores caídas se observan en los impuestos selectivos al consumo, que tuvieron una disminución de 13,7% interanual; seguido del impuesto sobre la renta, que cayó 9,9%, y el IVA, que disminuyó 9,2%. Los demás ingresos tributarios no clasificados disminuyeron 14,2% frente al PIB total de Latinoamérica y el Caribe.
Por el lado de los países que tuvieron mayores movimientos respecto al monto recolectado por tributación durante el período 2019-2020, el informe destacó que Cuba, con 42% de su PIB; Barbados, con 33,1%; Brasil, con 33,1%; Belice, con 32,4%, y Uruguay, con 29%, fueron los países de la región que tuvieron una mayor proporción de ingresos tributarios respecto a su en este periodo.
La Ocde también destacó sobre el top cinco de los países con menor proporción de recaudación en la región. Allí se ubicaron México, con 16,5%; Panamá, con 14,1%; Paraguay, con 13,9%; República Dominicana, con 13,9%, y Guatemala, con un nivel de recaudo de 13,1% respecto a su PIB.
Colombia se ubicó en el lugar número 20, de un listado de 28 países de la región, ya que el año pasado su ingreso tributario fue de 19,7% respecto a su PIB.
De acuerdo con Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, la recaudación de impuestos y el diseño de la estructura tributaria de estos países son los que permiten sostener al Estado y financiar programas sociales.
Para el experto, dentro del contexto de la pandemia, la Latinoamérica y el Caribe se enfrenta a un reto fiscal que pone en riesgo la seguridad macroeconómica, por lo que es urgente hallar “mayores fuentes de financiamiento y mejores formas de gasto”.
Uno de los aspectos clave, descritos por la Ocde en su informe, recae en el impacto que tuvo la pandemia por covid-19 en los ingresos fiscales extraordinarios provenientes de los recursos naturales no renovables en la región.
Por ejemplo, en la primera mitad de 2020, los ingresos por petróleo y gas en Ecuador y México, esencialmente rentas de propiedad ligadas al valor comercial de la producción, disminuyeron como resultado de la caída de los precios y los menores niveles de producción.
En esa vía, Grace Pérez Navarro, subdirectora del Centro de Política y Administración Tributaria de la Ocde, dijo que la producción de petróleo en Ecuador se contrajo drásticamente en la primera mitad del año, cerca de 60% interanual en abril y 37% en mayo, debido, en parte, a la ruptura de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en abril.
“En México, los ingresos por petróleo y gas se vieron atenuados por un aumento de los precios, lo que generó un descenso vertiginoso de 56% en los ingresos de ese país”, explicó Pérez Navarro.
En el caso de Perú y Chile, según la experta, los ingresos tributarios disminuyeron debido a la caída de precios, los pagos de impuestos estimados más bajos y las medidas de alivio tributario relacionadas con la pandemia , como la postergación de pagos. Lo anterior generó que los ingresos totales de la minería cayeran drásticamente entre abril y julio de 2020.
Sin embargo, en el caso de Perú, los ingresos no tributarios por regalías aumentaron fuertemente durante los últimos tres meses del año, expandiéndose hasta 20%. Pese a ello, el informe de la Ocde reveló que los ingresos mineros se redujeron notablemente en 2020, en términos reales, 21,6% en Perú y 12,5% en Chile.
Los resultados de la Ocde ilustran el llamado del Estado a pagar más impuestos. El problema aquí es la coyuntura que vivimos y cómo diseñar un sistema gradual que permita recaudar”.
“Los ingresos tributarios habían crecido antes de la pandemia debido al gran impulso que venia teniendo el Caribe, sin embargo, ahora tienen uno de los ingresos tributarios más bajos de la región”.
Pese al impacto de la pandemia en las cifras de recaudo de los países, esta tendencia volátil entre las estructuras tributarias es un tema que precede a la crisis.
Según el reporte, entre 1990 y 2019, la proporción entre la recaudación tributaria y el PIB promedio en los países de América Latina y el Caribe aumentó más de siete puntos porcentuales, pasando de 15,7% a 22,9%, acercándose cada vez más a la media de la Ocde, que para la fecha está ubicada en 33,8% del PIB total de los países del bloque.
Para Sepúlveda, la volatilidad en la tributación de la región responde a problemas estructurales que parten del abuso de las exenciones tributarias que se hacen, principalmente, en el impuesto a la renta y en algunos casos al IVA. Para el experto, las exenciones frenan el crecimiento de algunos sectores y, además, complejizan la administración tributaria y promueven la evasión fiscal.
Sepúlveda dice que aunque la medición de la Ocde no representa “una medición ideal”, sí es un elemento que ilustra que los gobiernos tienen que generar estrategias para que los contribuyentes puedan pagar más impuestos.
Sin embargo, el economista alerta sobre las implicaciones sociales que tiene adelantar reformas tributarias en medio de una crisis como la desatada por el covid-19, pues se podría convertir en un fuerte estallido social.
Colombia cumplió su primer aniversario como país miembro de la Ocde
El 28 de abril de 2020, Colombia se convirtió en el miembro número 37 de la Ocde, organización fundada en 1961 y que tiene su sede en París. Colombia fue el tercer país de América Latina y el Caribe en unirse a la organización, después de México y Chile. “Este es un logro importante dentro de la política exterior y ha servido como un catalizador para que Colombia lleve a cabo reformas importantes para mejorar el bienestar”, expresó Marta Lucia Ramírez, vicepresidenta de la República.
Esos títulos tienen un monto principal combinado en circulación de más de US$2.500 millones, según un comunicado publicado el martes
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